Nuevo conflicto en el atletismo extremeño. Después de un proceso electoral no exento de polémica, ayer se conoció otro sobresalto: tras examinar la documentación presentada por un numeroso grupo de personas vinculadas a la Federación Extremeña de Atletismo (atletas, entrenadores, clubs y jueces), la dirección general de Deportes la ha enviado a la Fiscalía de Extremadura para que dilucide si se presentan cargos contra los responsables federativos.

La documentación contiene presuntas irregularidades cometidas antes de las elecciones. Consultada por este diario, la Federación Extremeña optó ayer por no hacer declaraciones y esperar a que le lleguen las acusaciones para rebatirlas.

Manuel Ordiales, presidente del club Arte Físico, ha sido uno de los impulsores de la denuncia. En un escrito público explica que «un grupo de personas de todos los estamentos del atletismo extremeño decidieron unirse para intentar, con todas sus fuerzas, luchar contra lo que entendían que se había convertido en ‘un cortijo’, su propia Federación Extremeña de Atletismo».

Tras la decisión de la Junta de Extremadura de abrir un expendiente sancionador (1/2017) contra el presidente federativo, Francisco Carrapiso, todo ha derivado a al traslado del mismo a la fiscalía «debido a que de la instrucción de dicho expediente pudieran derivarse indicios delictivos, bien de la persona expedientada o de otros cargos directivos del propio ente, hechos que podrán deducirse según se desarrolle la instrucción de las oportunas diligencias previas que se incoen en el Juzgado de Instrucción competente», destaca Ordiales, un histórico entrenador.

CARRAPISO Y TALAVERA / En su opinión, «la opacidad de los entes federativos, puesto al día con el estallido mediático del caso dela Federación Española de Fútbol resulta palpable en la Extremeña de Atletismo donde desde hace más de dos décadas ‘reina’ un presidente y ‘gobierna’ un secretario general». Este último es Pedro Talavera, ‘mano derecha’ de Carrapiso durante la mayor parte de su mandato.

«La aparición de gente dispuesta a pelear por su federación hizo saltar todas las alarmas en el poder federativo hace un año, cuando en 2016 debieron celebrarse las elecciones, coincidiendo con el año olímpico, como establece la normativa. Dicha convocatoria, publicada cuando se aseguraron los votos en la futura asamblea fue irregularmente convocada y así anulada, en un primer momento, pero volvió a repetirse, finalizando en marzo de 2017, totalmente fuera de plazo y consentida por el Comité de Garantías Electorales», sostiene Ordiales, que pone el acento en que este comité estaba presidido por Juan Espino, investigado por el caso de la Federación Española de Fútbol.

A Carrapiso se le abrió un expediente sancionado por no convocar la asamblea ordinaria del 2016, pero el conflicto surge por las de 2014 y 2015, «las cuales tampoco se habían celebrado. Y son precisamente esas ‘actas’, obrantes en expedientes justificativos de subvenciones, en concreto dicen la de 2015, la que ha hecho saltar todas las alarmas, porque el instructor del expediente sancionador, aprecia que ‘cómo puede existir ese acta si la asamblea de ese año se ha demostrado posteriormente que no se celebró’ y en consecuencia dicho documento ‘debe ser falso’», apunta Ordiales. Según su versión, «ante este hecho presuntamente delictivo, por la prejudicialidad penal que inspira nuestro derecho, sobre otro régimen sancionador la directora general de Deportes, Doña María Concepción Bellorín, ha paralizado el expediente inicial y ha puesto estos hechos en conocimiento de Fiscalía para que se depuren las presuntas responsabilidades delictivas».