El tema, de primeras, puede parecer árido, pero tiene mucho interés para las miles de personas relacionadas con el deporte en la comunidad, hasta el punto de que se asegura que lo cambiará por completo. Ayer el Gobierno de Extremadura convocó en Cáceres a federaciones, profesionales del sector, universidad y colegios profesionales para informarles de que el anteproyecto de ley sobre el ejercicio de las profesiones del deporte ya está preparado para su tramitación en el Parlamento de Extremadura. Y que se espera aprobarlo antes de que termine la legislatura.
Su objetivo es evitar el intrusismo y mejorar las condiciones laborales en el sector (entrenadores, monitores deportivos, directores deportivos...). Para Antonio Pedrera, director de Deportes del Gobierno regional, es una normativa "necesaria y demandada" que pretende que los profesionales "estén amparados por una regulación que evite el intrusismo y reconozca su trabajo como merecen, además de buscar un salto de calidad".
La ley, para cuya elaboración se consultó periódicamente a los colectivos implicados, exigirá minuciosamente estar en posesión de la correspondiente titulación para realizar actividades de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento y animación de carácter físico-deportiva.
Según Pedrera, "Extremadura está experimentando un importante desarrollo deportivo y su práctica se ha convertido en una parte importante de los hábitos diarios de los ciudadanos, de modo que forma parte de la denominada economía del ocio. La nueva norma busca garantizar el derecho de las personas que soliciten servicios deportivos a que se presten aplicando conocimientos específicos y técnicas que fomenten una práctica deportiva saludable".
La ley sentará las bases jurídicas para que el ejercicio de estas profesiones garantice en "una práctica deportiva, sana, segura y de calidad", apostilló Pedrera.
LA TENSION POSTERIOR Sin embargo, el papel del director general no se limitó a hablar ante los periodistas de los objetivos de una ley considerada uno de los 'proyectos estrella' de su gestión y en la que han colaborado también departamentos como el de Educación. Después se reunió con los colectivos afectados para resolverles sus posibles dudas y clarificar algunos aspectos.
Aunque el tono fue siempre educado, se produjeron no pocas tensiones entre, principalmente, los representantes de las federaciones (no faltaron las de mayor peso, como fútbol, baloncesto, voleibol y atletismo) y los de los licenciados en Ciencias del Deporte de la Uex --estaba presente su decano, Guillermo Olcina-- por una cuestión principal: la regulación futura de los técnicos deportivos.
Se trata de dos posturas enfrentadas, casi antagónicas, que se vienen larvando desde hace unos años. Los federativos consideran precipitada la aplicación de la futura ley, que les obligará a homologar los títulos que sean expedidos en academias privadas y en la propia la enseñanza pública (ya hay dos institutos en Extremadura que imparten cursos de entrenador de fútbol). Según estiman, la mayor exigencia en cuanto a horas lectivas y el coste de los cursos cerrará posibilidades a entrenadores modestos que quieran encargarse de niños en clubs modestos de pequeñas y grandes ciudades.
SEIS MESES La solución del Gobierno de Extremadura es, por ahora, permitir a todas las personas que poseen títulos expedidos por las federaciones que regulen su situación en los seis meses siguientes a la aprobación de la nueva ley. Pero después de la moratoria, la dirección general promete ser rigurosa: para poder entrenar habrá que cumplir con la normativa, que hasta ahora se ha aplicado de forma laxa. Y también habrá que estar dado de alta si se quiere percibir alguna compensación de tipo de económico, lo que clubs y federaciones ven poco viable.
Las federaciones, que tradicionalmente han tenido el monopolio de la formación, aprueban que se haya hecho una ley, pero no les gusta cómo se trata el asunto de los entrenadores. Estiman que será un golpe al deporte más modesto. Mientras, los licenciados en Ciencias del Deporte reivindican que, gracias a completar una carrera de cuatro años, puedan ejercer como técnicos sin que tengan que recibir el visto bueno federativo. Es una de las principales reclamaciones de su colegio profesional.
