El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) decidió ayer por unanimidad abrir expediente disciplinario a Ángel María Villar, que permanece en la cárcel desde el 20 de julio. Esta medida permite al Consejo Superior de Deportes (CSD) inhabilitar al todavía presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), lo que llevará a cabo en su reunión de esta tarde. No hará falta que el TAD emita un dictamen sobre el expediente a Villar para que el dirigente sea suspendido cautelarmente.

Esta vez no ha habido fisuras en el TAD. Todo lo contrario de lo que sucedió tras el recurso que presentó Jorge Pérez, el exsecretario general de la RFEF que fue despedido por Villar y que decidió presentarse a las últimas elecciones. El recurso de Pérez por las irregularidades en el proceso electoral provocó que el presidente del TAD, Enrique Arnaldo, se abstuviera a la hora de adoptar un dictamen final.

Arnaldo recordó que no se puede decidir una suspensión «sin que haya un expediente previo». Añadió que el TAD «ha tomado la decisión de abrir expediente tras haber valorado el auto del juez». Después de esa medida del TAD, el CSD tiene vía libre para suspender de forma cautelar al presidente, según se recoge en la Ley del Deporte.

Mientras, la RFEF sigue con su agenda en la que se recoge la celebración este martes de la junta directiva, previa a la asamblea que se llevará a cabo mañana y que estaba prevista para el pasado día 20, aunque finalmente fue suspendida. Dos citas las de ahora a las que la LaLiga pretende que no asistan los representantes de los clubs. Para ello aduce que ambas reuniones no cumplen las exigencias de los estatutos de la federación.

CITADOS A DECLARAR / «Habida cuenta de la detención y prisión provisional de su presidente, las nuevas convocatorias efectuadas por la secretaria general adolecen de los requisitos estatutarios preceptivos, puesto que dicha función corresponde en exclusividad al presidente», se recoge en una circular de la LaLiga. También solicita el organismo que preside Javier Tebas que se intervenga judicialmente la federación con el objetivo de que se designe una o más personas para hacerse cargo de su administración hasta que se forme un nuevo organigrama.

Mientras tanto, el proceso contra la corrupción en la federación continúa en marcha.