Al menos una de cada 10 pólizas de vida (cobertura de fallecimiento o invalidez) no son cobradas por los beneficiarios porque desconocen su existencia. Las aseguradoras no tienen la obligación legal de contactar con los beneficiarios y, a los cinco años de sucedido el siniestro, vence el derecho a reclamar en favor de las compañías. En la actualidad, uno de cada tres españoles tiene una póliza de vida-riesgo.

Para evitar la pérdida de indemnizaciones, la Entesa Catalana de Progrés --grupo parlamentario formado por PSC, ERC e IC-V-- presentó una proposición de ley en el Senado para crear un registro al que los beneficiarios potenciales pudieran acudir. Una fórmula era adjuntarlo al registro de últimas voluntades, en el que sólo constara si el fallecido tenía un seguro de vida y en qué compañía. La iniciativa no prosperó por la oposición del PP.

El mayor grado de desconocimiento se produce en las pólizas ligadas a servicios, como una hipoteca o una tarjeta de crédito, explica el senador Ramón Espasa, promotor de la iniciativa. Organizaciones de consumidores y el propio sector estima en un 10% la proporción de primas que son rescatadas por las compañías. En las aseguradoras filiales de bancos o vinculadas a ellos, "nunca se advierte al beneficiario o a los herederos", explica Jordi Fuset, abogado de la Oficina del Asegurado (Ofa).

COLISION DE DERECHOS El senador popular, Félix Colsa, afirmó que, pese a estar, en líneas generales, de acuerdo con la medida propuesta, ésta requiere "un periodo de análisis y estudio pausado". Espasa mostró su sorpresa por la actitud del PP, ya que la propuesta de su grupo es "hija" de un estudio del Ministerio de Economía, a raíz de una moción parlamentaria. Organizaciones de consumidores e incluso la UGT apoyaban la iniciativa.

Miguel Angel Vázquez, portavoz de la patronal aseguradora Unespa, admite que hay beneficiarios que no cobran, pero circunscribe el riesgo a pólizas colectivas (más de cuatro millones), que obligarían a actualizar constantemente los datos de las plantillas por las empresas. También dice que el tomador de un seguro es "libre de designar un beneficiario". Recuerda que las cuentas bancarias inactivas caducan. Pero lo hacen a los 20 años y revierten en el Estado.

Fuset admite que los beneficiarios "no siempre están identificados en la póliza, sino que se remite a los herederos legales". Precisamente por ello ve "imprescindible regular la publicidad de las pólizas" para que los beneficiarios puedan cobrar "indemnizaciones por las que el asegurado estuvo pagando".

Fuset dice que las pólizas vinculadas a domiciliaciones de nóminas, tarjetas o viajes, "casi nunca se cobran por el beneficiario, ya que en general la compañía ni ha entregado al asegurado un certificado". Más del 50% de los asegurados de vida en España han contratado su póliza en bancos o cajas. Además hay 1,8 millones de tarjetas de crédito de gama alta (oro o platino) con seguro de accidente en viaje.

UNICA VIA DE INFORMACION El requerimiento de la póliza a la compañía aseguradora y la posterior reclamación de las coberturas, por vía judicial, si es preciso, es hoy la única vía para lograr información cuando se tienen indicios o pruebas de ser beneficiario de un seguro de vida, según Jordi Fuset, abogado de la Oficina del Asegurado (Ofa).