Antes de abril del 2010, todas las subcontratas que trabajan en la construcción deberán acreditar que, al menos, el 30% de su plantilla está contratada de forma indefinida. Esta es una de las medidas que fijó ayer el Gobierno a través del reglamento que desarrolla la nueva ley de subcontratación en el sector.
El reglamento fija reglas precisas para que estas subcontratas, en un plazo de 18 meses, hagan fijos al 10% de trabajadores. En un tiempo similar este porcentaje deberá haberse elevado hasta el 20% y, pasado el trigésimo séptimo mes desde la entrada en vigor de la ley, el 19 de abril, la plantilla fija deberá alcanzar, como mínimo, casi un tercio.
El objetivo del texto legal es aumentar la estabilidad en el empleo de 2,6 millones de trabajadores del sector y, al mismo tiempo, mejorar la seguridad laboral en las 448.000 empresas constructoras. Según dijo ayer la vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, es "una norma sin precedentes".
PRECARIEDAD Aunque el Gobierno reconoce que la subcontratación permite a veces un mayor grado de especialización y facilita la participación de las pequeñas y medianas empresas en la construcción, también está convencido de que, en este sector, se da un excesivo encadenamiento de sociedades sin apenas estructura que provocan un alto grado de precariedad laboral.
Este elevado nivel de temporalidad y escasa formación es una de las principales causas de que la construcción sufra la mayor incidencia de accidentes laborales con muerte (13,23 por cada 100.000 trabajadores).
El reglamento exige a las subcontratas la inscripción en un registro dependiente de cada autonomía. Para lograr esta inscripción, deberán acreditar que cuentan con infraestructura necesaria, con recursos humanos formados y con un plan de prevención de riesgos laborales.
Cada obra deberá disponer de un libro de subcontratación, donde se reflejarán todos los datos de las empresas y empleados que están trabajando. La ley impide al contratista realizar más de tres subcontrataciones para una actividad y limita a una si solo aporta mano de obra.
Pese a felicitarse por el reglamento, UGT se quejó por la tardanza en su aprobación. CCOO pidió diligencia a las autonomías para su aplicación y al Gobierno, máxima vigilancia.
