Ni el importante cambio legal aprobado antes del verano ha servido para paliar una de las grandes heridas por la que sangran las empresas españolas. Más del 90% de las administraciones públicas --ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y organismos estatales-- incumplen la reforma de la ley de morosidad aprobada por el Parlamento el pasado julio, según una encuesta realizada por la federación de autónomos ATA entre sus afiliados.

La norma les obliga a pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 55 días durante este año. Sin embargo, las instituciones públicas abonan sus facturas en una media de 158 días, un plazo casi el triple mayor respecto a sus homólogas a nivel europeo (67). Y lo más preocupante es que, lejos de solucionarse, la situación va a peor. El promedio era de 154 días en febrero y de 139 días en el 2009.

En los pagos entre compañías, la situación no ha empeorado pero la nueva ley tampoco ha favorecido que la situación mejore. Las empresas pagan a 101 días, frente a los 85 establecidos por la norma. El plazo es igual al de febrero, algo superior a los 98 días del año pasado y casi dobla los 57 días de la media europea.

España sale muy perjudicada por las comparaciones. El plazo promedio de pago del sector público y privado es de 103 días. Solo menor que el de Grecia (125) y queda muy lejos de la media (62) y del tercer país más moroso (Italia, 85). Los más cumplidores quedan lejísimos: Noruega (32), Suecia (34) y Polonia (37).

CIERRE DE NEGOCIOS ATA estima que la morosidad ha provocado el cese de actividad de más de 200.000 autónomos desde el inicio de la crisis y apunta que es la causa directa del cierre de una de cada cuatro microempresas (no más de nueve trabajadores) que han echado la persiana.

"Si no se pone remedio y se cumple la ley, a lo largo del 2011 podrían verse abocados al cierre otros 100.000 autónomos", advirtió ayer su presidente, Lorenzo Ramos. Las administraciones públicas, según la organización, deben 34.000 millones de euros al sector privado, de los que cerca de 12.000 millones corresponden a los autónomos.

Las actividades más afectadas por los retrasos en los pagos son la construcción y los sectores afines a la misma, así como el transporte, la educación y los servicios sociales. "Las administraciones deben ajustar sus presupuestos y no seguir gastando para luego no pagar", reclamó el máximo mandatario de ATA.