El Parlamento Europeo (PE) aprobó hoy un reglamento que obligará a las aerolíneas a indicar con claridad y en todo momento el precio final de los billetes, incluidos impuestos y recargos, en sus páginas web. Los eurodiputados ratificaron el acuerdo alcanzado recientemente por los Estados miembros, que tuvieron en cuenta la mayoría de las enmiendas introducidas por la Eurocámara en su primera lectura del texto.

La nueva normativa, que se aplicará a partir de finales de este año, señala que las compañías que operen desde un aeropuerto comunitario deberán indicar en sus tarifas "en todo momento el precio final que deba pagarse", también a través de Internet. El objetivo de esta medida es acabar con ofertas confusas y que, desde un primer momento, el usuario sepa cuánto va a costar su vuelo, incluida la tarifa, los impuestos y cánones y los recargos.

Al mismo tiempo, la UE obligará a que todos los suplementos adicionales, como los seguros de viaje, se comuniquen "de una manera clara, transparente y sin ambigüedades" al inicio de la reserva. Además, tendrá que ser el pasajero el que los seleccione, con lo que las aerolíneas no podrán marcar esas casillas por defecto.

El reglamento regula también la concesión de licencias a compañías aéreas en la UE, la explotación de las rutas de servicio público y la fijación de los precios en los servicios aéreos intracomunitarios. A partir de este año, las autoridades podrán suspender o revocar la licencia de explotación a las empresas europeas que no puedan hacer frente a las obligaciones que han contraído durante un año.

El fin de esta medida, según la Eurocámara, es "proteger a los consumidores ante las súbitas bancarrotas de las empresas". Además, las autoridades competentes podrán evaluar en cualquier momento la situación financiera de cualquier compañía aérea comunitaria y podrán revocar o suspender sus licencias si la compañía facilita datos falsos o si los responsables de la aerolínea "no presentan pruebas de buena reputación o una declaración jurada".

Por otra parte, los países podrán imponer la obligación de servicio público en el caso de los vuelos regulares a destinos situados en regiones periféricas como Canarias o en rutas de baja intensidad. Según el texto aprobado por el PE, estos servicios deberán cumplir determinados requisitos en materia de continuidad, regularidad de precios y capacidad mínima.

En este sentido, si ninguna compañía se muestra interesada en asumir estas rutas con esas condiciones, las autoridades podrán conceder ese trayecto en exclusiva a una sola aerolínea durante un periodo de cuatro años, prorrogable otro más en el caso de las regiones ultraperiféricas.