Deslealtad institucional" es el calificativo empleado por el Gobierno para definir la filtración "interesada" realizada ayer por la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, del PP, sobre los datos del desempleo de diciembre y del conjunto del 2004 que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, iba a hacer públicos hoy.
Estos datos revelan que el 2004 terminó con 1,7 millones de parados registrados en las oficinas públicas de empleo, 41.000 menos que en noviembre, lo que representa un descenso del 2,41%. No se había producido una bajada del desempleo en el último mes del año desde el 2000 ni se había producido un recorte tan alto desde 1998.
El Ministerio de Trabajo tiene por costumbre facilitar a cada autonomía las estadísticas de paro registrado el día anterior a su publicación oficial con el compromiso de no difundirlas hasta que la Administración central lo haya hecho. Siempre ha existido un pacto institucional entre ambas administraciones sobre la confidencialidad de las cifras del paro que sólo ha sido roto en algunas pocas ocasiones y siempre por comunidades gobernadas por el PP, recuerdan los sindicatos.
La Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid se escudó ayer en que el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de hacer públicos estos datos el segundo día hábil de enero y en que no conocía las razones del retraso.
Para el Gobierno, está claro que "la maniobra de Aguirre está avalada por el PP, al que no le importa ser desleal a un viejo compromiso que, de haberlo roto otras autonomías como la catalana o la vasca, lo habrían elevado a categoría de ruptura con el Estado".
