César Alierta, presidente de Telefónica, dio ayer por cerrada ante la junta general de accionistas la etapa de reestructuración de los negocios del grupo iniciada en el 2002.

Leía el folio 12 de su discurso (de 32 páginas), donde destacaba como uno de los logros el acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) para 15.000 empleados, cuando una treintena de sindicalistas, representantes de los sindicatos minoritarios, comenzaron a abuchearle, al grito de: "Mentira, mentira. Zapatero, échale".

La alusión al presidente del Gobierno fue la única novedad con respecto a los gritos y reivindicaciones de otros años. Ya es casi tradicional que la junta de accionistas de la primera empresa española sea monopolizada por los sindicatos minoritarios, que unidos a las intervenciones de supuestos representantes de accionistas, como Adicae o exempleados de Sintel, controlen el acto. Varios de ellos pidieron la dimisión de Alierta, quien empezó su exposición con unos segundos de silencio por las cuatro víctimas del 11-M que eran empleados de la compañía.

DIVIDENDO Los 2.204 millones de euros que Telefónica ganó el año pasado (30% más), le permitirán repartir un dividendo anual mínimo de 0,4 euros por acción en los próximos tres años. El presidente de la compañía anunció "la compra y posterior amortización de acciones propias, por un mínimo de 4.000 millones en cuatro años".

Las 24 intervenciones duraron más de tres horas. Los temas centrales fueron la regulación de empleo, la remuneración del accionista --"miserable", según el representante de Adicae-- y la mala gestión. Alierta no quiso entrar en detalles sobre una posible venta del portal estadounidense Lycos por parte de Terra, asegurando que sólo eran rumores. Sobre la multa de 57 millones impuesta por el Tribunal de Defensa de la Competencia, la calificó de "desmesurada e injusta". Para el 2004, Alierta espera que los ingresos y el resultado bruto de explotación crezcan entre un 7% y un 10%.

Además de las cuestiones citadas, Telefónica se encuentra en la actualidad con el problema del laudo que condena a Onda Cero a pagar 190 millones por una compra realizada cuando pertenecía a la operadora.