El primer toque de atención de los sindicatos CCOO y UGT al Gobierno por el recorte salarial en el sector público se materializará hoy en las concentraciones que se llevarán a cabo ante las delegaciones del Gobierno de cada ciudad. A la vez, los representantes sindicales en la función pública estudiarán con lupa el decreto que apruebe el Consejo de Ministros por si hubiera algún resquicio que les permitiera denunciarlo ante los tribunales. El motivo sería la falta de igualdad en el tratamiento de los empleados al servicio de las administraciones.

Si el Gobierno excluye finalmente --hasta el momento es solo un anuncio de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega-- a los trabajadores de las empresas públicas, la impugnación "es segura" según Julio Lacuerda, secretario de servicios públicos de UGT, organización promotora de esta iniciativa en la que ha trabajado su asesoría jurídica.

Aunque desde CCOO se adopta una posición más prudente, la iniciativa se tomará de común acuerdo y se basará en la posible vulneración del acuerdo de negociación colectiva de la función pública firmado en septiembre del año pasado y vigente hasta el 2012. Una de las razones por las que el Ejecutivo excluye a los trabajadores de las empresas públicas del decreto es que en estas las relaciones laborales se rigen por convenios colectivos.

También está por ver si el tijeretazo salarial en la función pública afecta al personal laboral o solo al funcionariado. Si el recorte no es universal y contradice el citado acuerdo, el recurso podría ir por una vía más urgente que la contencioso-administrativa, habitual en estos litigios.

Los sindicatos han estudiado qué hacer en caso de que el decreto vulnere la Constitución y el capítulo primero de los presupuestos generales del Estado, en el que se recogen las retribuciones directas de los funcionarios y el personal laboral de las administraciones públicas estatal, autonómicas y locales.

LOS AFECTADOS La rebaja salarial del 5% de media anunciada por José Luis Rodríguez Zapatero afectará a más de 2,6 millones de empleados públicos, la mayoría profesores no universitarios y miembros de los servicios de salud. El ahorro se cifra en unos 3.000 millones de euros.

Los sindicatos conocerán el contenido del decreto hoy a primera hora por boca de la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Rumí. El Consejo de Ministros se reunirá por la tarde (17 horas), y poco después (18 horas), se llevarán a cabo ante todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en España --excepto en Madrid, que será ante el Ministerio de Economía y Hacienda-- las primeras concentraciones de protesta.

CCOO y UGT esperan una respuesta masiva a las concentraciones y al paro del día 8 de junio en la medida en que la rebaja salarial afecta a muchas clases de profesionales, por ejemplo, los policías, jueces y fiscales.