Veintiún años después de la última amnistía fiscal, el Ejecutivo abre ahora otro periodo de amnistía fiscal, hasta el 30 de noviembre. Los capitales ocultos en España o el extranjero podrán salir a la luz tras pagar un peaje del 10% (el 8% en caso de dividendos procedentes de filiales en paraísos fiscales).

Según las cifras que ayer aportó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ello permitirá al fisco recaudar este año 2.500 millones por el peaje del 10% y otros 750 millones por el del 8%. Dicho de otro modo: el Gobierno cuenta con que saldrán a la luz 25.000 millones, y que retornarán otros 9.375 millones de los paraísos fiscales. Dan un total de 34.375 millones que, una vez aflorados, deberían quedar instalados para siempre en bases imponibles de los años posteriores.

El anuncio de la medida levantó ampollas en los sindicatos y en el colectivo de inspectores de Hacienda IHE, que consideraron que esta amnistía va "frontalmente en contra del artículo 31 de la Constitución" y "puede provocar el derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos".

La regularización entrará en vigor en cuanto se publique el decreto de medidas urgentes tributarias que ayer anunció el Gobierno (hoy o el lunes). El ministro Montoro animó ayer a los defraudadores a aprovechar "esta ventana, que no volverá a abrirse". Además, anunció que el próximo Consejo de Ministros aprobará un plan antifraude que endurecerá las sanciones a partir del 2013 para quien no cumpla sus obligaciones fiscales.

Junto a estas medidas, el decreto de acompañamiento a los Presupuestos --de entrada en vigor inmediata-- incluirá cambios en el impuesto de Sociedades, que limitan los beneficios fiscales de las grandes empresas e incrementan los pagos a cuenta, con el fin de recaudar 5.350 millones por este impuesto.

También incorpora una subida de la fiscalidad sobre el tabaco, para obtener 150 millones de recaudación adicional.

La subida del IRPF aprobada el 30 de diciembre añadirá 4.100 millones a la recaudación del Estado y el incremento de las tasas judiciales, otros 214 millones.