El ministro de Finanzas del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca, ha asegurado hoy que el país quiere iniciar en apenas dos meses, en septiembre, el intercambio automático de información fiscal con España, que ahora se realiza únicamente bajo demanda.
En una jornada informativa organizada por el Gobierno andorrano y por la patronal bancaria del país, Andorran Banking, Cinca ha adelantado que el objetivo es que el intercambio automático de datos sea efectivo ya el primer año con 41 países, que serían todos los de la Unión Europea y otros 13 de la OCDE.
La cifra, ha añadido el ministro, iría aumentando paulatinamente y superaría los 80 países en el 2020.
Hasta el momento, solo existe el intercambio de información fiscal con otros países bajo demanda, por lo que se trata de un avance considerable, que se une a otros alcanzados en los últimos años, como los acuerdos de doble imposición fiscal o las distintas medidas alcanzadas para prevenir el blanqueo de dinero, ha recordado.
Todo ello, ha explicado Cinca, con el objetivo de adaptar la normativa fiscal y bancaria a la de los países del entorno, especialmente los de la UE, con el fin de que Andorra sea percibida como un destino fiable y transparente para las inversiones extranjeras, lo que en la práctica es una apertura económica en toda regla.
En lo que constituye el primer acto informativo de estas características, el objetivo del Ejecutivo andorrano es presentar todos los cambios legislativos y de todo tipo acometidos en el sector financiero y económico en los últimos siete años para homologar la normativa del país a la de su entorno y "ser más competitivos en un mundo globalizado".
Según ha explicado el ministro, cuando llegó al Gobierno, en el 2011, la economía andorrana estaba "muy concentrada" y las leyes eran proteccionistas, lo que significa que no se daban facilidades a empresas de otros países para instalarse allí, por lo que se inició una apertura generalizada, articulada a través de profundos cambios normativos.
El objetivo era que todas estas normas fiscales, bancarias, supervisoras y monetarias, estuvieran homologadas con los países del entorno, aunque adaptadas a la realidad y el tamaño del país, y pudieran ser "reconocibles" y "evaluadas" por la comunidad internacional".
Según ha asegurado Cinca, "sería fácil" vincular estos cambios al Gobierno actual, pero lo cierto es que todos ellos tuvieron un respaldo parlamentario mayoritario.
Un intercambio fiscal para un nuevo país
Se trata de cambios "estructurales, que van a definir un nuevo país", por lo que el mensaje de compromiso que lanzan va más allá de las próximas elecciones, previstas en principio para la primavera del 2019, ha añadido.
Por último, en el turno de preguntas, Cinca ha respondido a diversas cuestiones sobre la caída del banco andorrano BPA y su filial española, el Banco de Madrid, y ha asegurado que actuaron con mucha celeridad y lograron conservar la gran mayoría de los depósitos.
Tras reconocer la gran repercusión internacional que tuvo el asunto, ha explicado que no se puede negar lo que ocurrió, pero que merecen "disociar", pues el país lo gestionó y el objetivo ahora es "evitar que se repita", por lo que hay que dejar que el poder judicial se ocupe de resolver los muchos procesos judiciales que hay abiertos.
Los hechos se remontan a marzo del 2015, cuando el Instituto Nacional de Finanzas de Andorra tomó el control de BPA tras ser acusada la entidad por Estados Unidos de participar en la captación de fondos del crimen organizado.
