La Banca Privada de Andorra (BPA) que, "lamentablemente", según el presidente de la Asociación de Bancos de Andorra (ABA), Pedro González, suena a nombre genérico que implica a todo un sector, emergió como un foco de blanqueo de capitales. Lo hizo justo en el momento en el que el sistema financiero del país se encontraba en pleno proceso de adaptación de su opaca estructura fiscal a un marco regulatorio estandarizado con arreglo a los patrones de la Unión Europea (UE). En el 2012 ya firmó un acuerdo para la prevención del blanqueo de capitales y prevención del fraude y falsificación de moneda. En el 2009 se iniciaron los cambios legislativos que debía conducir a la aprobación en el 2017 de la ley que regula el intercambio de información financiera, que básicamente supone la transparencia fiscal de las cuentas financieras andorranas.

El 'caso BPA' puso en cuestión ese proceso y sometió al sector bancario andorrano al escrutinio internacional. "Nadie hubiera puesto en cuestión el sistema financiero de EEUU en el caso de que se hubieran detectado prácticas de blanqueo en una entidad financiera", explica González en defesa de los intereses del sector. Claro que un banco sobre cinco tienen un peso mayor que uno sobre 200, lo que, en cierto modo, justifica la prevención general con respecto a todo el sistema bancario andorrano.

En todo caso, esa situación tuvo un efecto favorable: Andorra aceleró el proceso para que sus entidades financieras fueran fiscalmente homologables con las de la UE. Desde el 2015 -año en el que se dio a conocer el 'caso BPA'- hasta el 2017, Andorra ha introducido en su legislación el delito fiscal, ha traspuesto la directiva europea sobre prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; ha incluido el intercambio automático de información fiscal -que será efectivo en el 2018- y ha modificado la legislación sobre seguros, además de someterse a la quinta revisión del Moneyval (comité de expertos del Consejo de Europa, creado en 1997, para la evaluación de las medidas antiblanqueo), que ha superado "con buena nota", según el presidente del INAF (supervisor financiero andorrano), Ramón López.

Regularización de fondos

Ese proceso de cambio legislativo ha tenido efectos sobre las empresas del sector. No solo ha provocado el desmantelamiento de BPA para convertir sus activos 'legales' en un nuevo banco (Vall Banc), sino que además ha supuesto la salida de fondos gestionados, fiscalmente opacos, y la regularización de otra parte. Las autoridades andorranas no cuantifican esa salida. "Ciertos clientes han abandonado la plaza, pero era un coste asumible. Y ese cliente no tenía marcha atrás, o se regularizaba o no era un cliente apto para Andorra", destacó el ministro de Finanzas andorrano, Jordi Cinca, durante las jornadas 'Andorra Financial Summit', en las que el Estado de los Pirineos ha presentado al sector financiero de España y Francia el nuevo modelo de hacer las cosas ligado a las prácticas económicas de la UE.

Se da por hecho que algunos fondos han abandonado el refugio andorrano al dejar este de serlo, pero eso no ha impedido que la actividad bancaria se mantenga. Durante esas mismas jornadas la ABA dio a conocer que en los primeros nueve meses del 2017, los recursos gestionados por la banca andorrana han aumentado un 1,5%, hasta los 46.000 millones de euros. Falta ver si los resultados mejoran con respecto al año anterior. No ocurrió así en el 2016.

Según la directora general de la ABA, Esther Puigcercós, parte de ese crecimiento se debe a la actividad internacional de la banca andorrana, ya que la mitad de su estructura está fuera del país, pero se reconoce que otra parte del crecimiento se debe a la regulación de capitales que anteriormente eran opacos. "Esta parte es muy difícil de calcular, ya que se da mucha casuística en este aspecto, desde quien regula sus fondos y los saca de Andorra, hasta quien ingresa más", comentó González. Además, la actividad 'retail' de los bancos en Andorra no ha desparecido, sino que supone un porcentaje elevado de sus ingresos y se mantiene.

Bancos competitivos

El nuevo estatus de las entidades andorranas elimina de la actuación del rendimiento la ventaja fiscal, con lo que las entidades financieras asumen la competencia con los mismos instrumentos que el resto de bancos europeos. "Tenemos una larga tradición de hacer banca privada y de conseguir rentabilidades para nuestros clientes. Y eso lo seguimos haciendo", ha explicado Miquel Alabern, director general de BancSabadell d'Andorra. La otra pata del crecimiento es el negocio internacional. Los bancos iniciaron su internacionalización hace 15 años. Tiene presencia en 14 países de Europa y Latinoamérica.

El 10% como marco fiscal general

Uno de los pasos indispensables que tenía que recorrer Andorra para homologar su economía con las de la Unión Europea pasaba por crear un marco fiscal, que se ha acabado concretando en la creación del una tasa para los no residentes (2011), la introducción del impuesto de sociedades (2012) y un impuesto equiparable al IRPF (2015). Todos ellos con un tipo impositivo del 10%. "Es la vía que hemos elegido para diversificar nuestra economía e incentivar la inversión en Andorra", ha defendido el ministro de Economía, Competitividad e Innovación andorrano, Gilbert Saboya.

El sector financiero (con el 20% del PIB del país) y el sector turístico y comercial (con el 60%), constituyen las principales fuentes de ingresos del país. El nuevo marco fiscal se propone profundizar en esas actividades: "Tenemos que innovar con nuevos servicios y empresas en el sector turístico para dar una oferta con valor añadido a los 8,3 millones de turistas que vienen a Andorra cada año", ha explicado Saboya.

Un tipo impositivo del 10% pretende atraer empresas al país, "pero tienen que tener actividad aquí" ya que no se aceptarán que "se instale una sede con un teléfono", ha precisado. En los últimos dos años se han instalado 3.000 pequeñas empresas en Andorra, sobre todo relacionadas con el entorno digital e internet. También del sector sanitario. En ese periodo ha generado una inversión de 95 millones de euros. "Representa un 3% del PIB", comenta Saboya, quien espera que la aplicación de la nueva política fiscal tenga un mayor impacto a largo plazo.