Desde 1998 se han aprobado y publicado en España 446 normas que varían los principales impuestos: el de la renta de las personas físicas, el de sociedades y el del valor añadido. Una auténtica jungla legal que arroja una media de 90 ordenaciones anuales o 1,5 cada mes.
Todo un reto hasta para el asesor fiscal más ávido de negocio y que, según el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), es el principal causante de la actual "conflictividad fiscal y de la falta de eficacia de muchas de las nuevas normas".
Lo que los especialistas llaman "superproducción normativa" afecta a todos los niveles administrativos: desde el Gobierno central hasta las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.
TENDENCIA A MAS "Aunque la legitimidad y la oportunidad pueden entenderse como indiscutibles, hay que ser conscientes de que en lo que va del actual ejercicio las comunidades autónomas han adoptado una media de 20 medidas impositivas propias, una tendencia que irá en aumento en los próximos años", según el presidente del REAF, Valentí Pich.
Pero las comunidades autónomas no son los únicos órganos administrativos generadores de normativa. Los ayuntamientos y las diputaciones se reservan, además, la reglamentación de sus coeficientes, recargos, bonificaciones y otras herramientas para modular sus recaudaciones, al margen de los tipos de gravamen de cada caso.
En opinión de los asesores, la principal consecuencia del alud de nuevas normativas es "la sensación de perplejidad que crea entre los ciudadanos y los profesionales, y lo que es peor, de inseguridad".
A lo largo de los últimos cinco años, 286 normas han modificado o cambiado algún aspecto del IRPF --además de dos reformas en profundidad en 1999 y en el 2003 --, 84 el impuesto de sociedades y 76 el IVA.
