Un año después del plan de acoso a los paraísos fiscales lanzado en la cumbre del G-20 en Londres, ninguno de estos territorios figura ya en la lista negra hecha por la organización de países más industrializados, la OCDE. La consecuencia de la presión sobre estas jurisdicciones de baja o nula tributación es que se han firmado unos 300 acuerdos de intercambio de información en los últimos 12 meses, frente a los 44 del periodo 2000-2008. Algo ha cambiado, pero muchos paraísos fiscales siguen siéndolo.

Uno de los que ha avanzado es Andorra, que lleva 17 convenios firmados que le han situado en la lista blanca, con los países normales, y que le ha permitido que Francia deje de catalogarlo como paraíso fiscal. La legislación española dejará de hacerlo en cuanto se firme el convenio de doble imposición una vez que el coprincipado haya aprobado su reforma tributaria.

Pero Andorra no es la única vía de escape de dinero español. Ni siquiera la mayor. Suiza encabeza este apartado. Los inversores españoles tienen allí un mínimo de 5.000 millones. En conjunto, se estima que más de 11.000 millones de los que son titulares españoles permanecían en el 2009 en cuentas de paraísos fiscales que aplican la directiva europea del 2005. El Tesoro español ingresó 55,98 millones de euros por este concepto, apenas un pellizco de entre el 10% al 15% de los rendimientos obtenidos.

A los 12 meses de la cumbre de Londres, no hay ya lista negra, pero sí una gris, la de aquellos que aún no han avanzado lo suficiente. Son 20 jurisdicciones y centros financieros, desde Belize hasta Uruguay. Algunos no han firmado aún ni un solo acuerdo, como Liberia, Nauru –en Micronesia–, Guatemala, Niue –en Polinesia– o Filipinas. Otros, como las islas Cook –en el Pacífico– y las caribeñas San Cristóbal y Nieves y San Vicente y Granadinas o Brunei han sellado entre 9 y 11. Superar el umbral de 12 es lo que permite salir de esta lista.