La organización agraria APAG Extremadura ha expresado su "total rechazo" a que se exija de nuevo a los ganaderos el certificado veterinario de los animales destinados a sacrificio, cuando desde octubre del pasado año, con la modificación de la normativa reguladora, ya no era necesario. En un comunicado, esta organización agraria recuerda que desde esa fecha los ganaderos de vacuno, ovino y caprino no tenían que presentar el certificado veterinario de los animales destinados a sacrificio, exigible hasta entonces como medida de sanidad alimentaria desde la aparición en España de la enfermedad de las vacas locas.

Ahora, recoge la organización, la Audiencia Nacional ha dado la razón al Consejo General de Colegios Veterinarios de España en su recurso frente a la orden que suprimía este requisito y se reemplazaba por una simple declaración del veterinario. APAG Extremadura considera que desde la implantación de la necesidad del certificado veterinario en enero del 2001 y hasta el pasado mes de octubre, periodo de vigencia, se demostró que resulta totalmente ineficaz en su objetivo de garantizar la seguridad alimentaria a los consumidores.

Según APAG, este certificado "no aporta ninguna garantía adicional en el control de la enfermedad de las vacas locas (EEB) ni en materia de seguridad alimentaria" y, por lo tanto, es inútil que ahora se vuelva nuevamente a exigir. También considera que "solo por razones demagógicas y económicas al margen de la seguridad alimentaria y en ningún caso por razones científicas", se ha vuelto nuevamente a poner en marcha su exigencia.

MEDIDAS EFICACES APAG apunta que es necesario recordar que España ya cuenta con medidas realmente eficaces para garantizar la seguridad alimentaria de la carne que el consumidor puede adquirir, basadas en la realización de pruebas en mataderos a los rumiantes de determinada edad, así como la retirada de los MER en mataderos y salas de despiece.

Además, indica que se ha constatado que España es de los últimos países de la Unión Europea que exigen dicho certificado, "muestra de la poca sensibilidad de la administración ante la situación de los sectores ganaderos afectados", que no están actualmente capacitados para afrontar nuevos gastos en materia de honorarios veterinarios para expedir el mencionado certificado.

Por ello, APAG pide a la administración competente que se recurra nuevamente el auto de la Audiencia Nacional.