"Rajoy parece haber olvidado que la actual ley que regula el funcionamiento de las cajas de ahorros fue impulsada por el PP cuando Rodrigo Rato era ministro de Economía". El comentario corresponde a un destacado dirigente de CCOO, pero coincide con la corriente de opinión que domina en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), donde ayer rechinaban con estridencia los comentarios de Mariano Rajoy sobre un nuevo cambio de legislación financiera. El presidente del PP no se anduvo por las ramas el lunes en Barcelona a la hora de criticar la OPA de Gas Natural sobre Endesa, ni la supuesta neutralidad política de las cajas de ahorros.
Pero parece un contrasentido demandar equidistancia política a unas entidades en las que el 50% de los representantes de sus órganos de gobierno pueden provenir del sector público. Comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y otros entes locales aportan en estos momentos el 46% de los componentes de las asambleas de las cajas, según la CECA. El resto corresponde a trabajadores, impositores y fundadores privados. Pero dentro de estos tres segmentos puede haber representación política, "razón por la que es difícil precisar cuál es la presencia exacta del sector público en estas entidades", comentan fuentes de la CECA.
Correlación de fuerzas
Pero, ¿significa la correlación de fuerzas de la asamblea de las cajas un control político del consejo de administración? Las fuentes consultadas coinciden en que no es "tan sencillo". Basta recordar que en las asambleas de las cajas valencianas, Bancaja y la CAM, la presencia de organismos locales controlados por el PSOE es mayor que la del PP. Pero esa circunstancia no evitó que el Gobierno de Eduardo Zaplana se valiera de las cajas locales para dar respaldo financiero a un proyecto, de entrada deficitario, como Terra Mítica, que acabó en suspensión de pagos. Las cajas valencianas, con casi un 21% del capital del parque temático, fueron las principales acreedoras de la sociedad que lo gestiona.
Pese a que el principal partido de la oposición reclama ahora neutralidad de las entidades de ahorro, en varias ocasiones durante su presencia en el Gobierno se ha valido o ha intentado utilizar a las entidades de ahorros para desarrollar sus políticas. Las cajas de Castilla y León, en las que la presencia del PP es mayoritaria en sus respectivas asambleas, resultaron un importante baluarte a la hora de reestructurar el sector azucarero con la tutela del Ministerio de Agricultura del último Gobierno del PP. Incluso llegó a constituirse una sociedad conjunta (Arpegio) en la que se concentran esas participaciones industriales.
Pero aunque exista voluntad política, no siempre es sencillo determinar la orientación de entidades tan complejas como las cajas. "Es imposible que en la Caja Madrid salga adelante una iniciativa planteada unilateralmente por alguna de las fuerzas políticas que forman parte de la asamblea", comenta un representante sindical. La correlación de fuerzas es tal que Miguel Blesa, amigo de Aznar y próximo al PP, tuvo que firmar con CCOO un pacto estratégico a largo plazo para conseguir la gobernabilidad de la entidad. No es casual que del consejo de administración del lunes de la caja no saliera un rechazo frontal a la OPA de Gas Natural sobre Endesa, pese a que la caja madrileña es el primer accionista de la eléctrica.
El PP tiene una presencia limitada en las tres cajas vascas (BBK, Kutxa y Vital), donde el PNV domina las asambleas. El partido conservador se opone a esa alianza porque teme que aún podría tener una representación menor en la entidad resultante. Con todo, no es previsible que consiga una cuota mayor, si previamente no la obtiene en las urnas.
Control convergente
Como el PP, otros partidos han intentado valerse de las cajas para sus intereses. "Durante 20 años, CiU intentó tener control cobre La Caixa y no consiguió más que la participación de esa entidad en Port Aventura". Asimismo, el Gobierno convergente hizo que las entidades de ahorros catalanas aportaran fondos para actividades sociales determinadas por la Generalitat. Ese modelo de relación ha trascendido y sigue vigente con el actual ejecutivo catalán.
Desde la CECA se recuerda que las cajas son entidades solventes que tienen cuantiosos beneficios. Así que no sólo el sector público, sino también el privado, busca protegerse bajo ese paraguas cuando lo necesita.
