El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación del Observatorio del Empleo Público, una medida que, según la vicepresidenta María Teresa Fernández de La Vega, "no acarreará costes adicionales" a las arcas públicas y cuyo cometido será lograr una asignación más eficiente del personal en los distintos servicios, en interés de los ciudadanos.
En este nuevo órgano participarán representantes de las administraciones territoriales y de los sindicatos. Su creación ha sido una demanda en los últimos años, y fue recogida en el Acuerdo Gobierno-sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 2010-2012.
