La Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta desde el pasado mes de julio por la indemnización de 16 millones de euros que recibió el exvicepresidente y consejero delegado de Caixabank Joan María Nin a su salida de la entidad en el 2014 al entender que este desembolso no supuso comisión de delito alguno ni quebranto patrimonial a la entidad.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal señala en su auto que, al margen de la polémica generada por la decisión del Consejo de Administración de aumentar la indemnización en cinco millones de euros, no tiene "ninguna relevancia" desde el punto de vista penal, como tampoco la tiene el hecho de que Caixabank recibiera o no ayudas públicas. "Lo relevante hubiera sido que este aumento de indemnización lo hubiese realizado una entidad o sociedad con unas dificultades económicas serias que hubiera necesitado ayudas directas para subsistir y que finalmente hubiera tenido que ser declarada en concurso o ser absorbida. Este el el criterio que este Tribunal ha mantenido en todas las resoluciones que al respecto ha dictado", rezan los magistrados de la Sala.

Por ello, razonan que la mejora de las condiciones de su finiquito en apenas nueve días no supuso ningún quebranto o dificultad económica a la entidad financiera y por lo tanto no se produjo administración desleal ni dolosa ni imprudente. En este sentido no se ha practicado ninguna diligencia de la investigación dirigida por el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata que haya puesto de relieve que la entidad haya sufrido en su patrimonio "una desestablización tal que por ello sus accionistas hayan visto mermados ni sus dividendos, ni las expectativas sobre los mismos" y acuerda decretar el sobreseimiento provisional de la causa, no libre, que equivale a una sentencia absolutoria.