Las medidas económicas anunciadas en los últimos días por el Gobierno en beneficio de funcionarios, pensionistas y ayuntamientos van a poner en un serio aprieto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para lograr cuadrar el ambicionado déficit cero de los Presupuestos. Los ministros de Administraciones Públicas y de Trabajo --Javier Arenas y Eduardo Zaplana-- están detrás de estos nuevos compromisos, de gran valor electoral para el 2003.
Todos estas nuevas promesas suponen un sobrecoste de alrededor de 1.500 millones de euros (unos 250.000 millones de pesetas). Ello sin contar con el efecto que tendrá sobre el presupuesto en pensiones del año próximo el desvío de la inflación durante este año, que se consolidará en las prestaciones y que, basándose en los cálculos del secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, podría suponer otros 1.100 millones de euros (183.024 millones de pesetas).
El Presupuesto del Estado para el 2003 se impone un límite de gasto en términos de Contabilidad Nacional de 109.273 millones de euros (18,18 billones de pesetas), sin tener en cuenta la Seguridad Social, y prevé la posibilidad de modificaciones de gasto de hasta 2.290 millones (381.023 millones de pesetas).
LA SUPRESION DEL IAE
Con la ayuda del ministro de Administraciones Públicas, los ayuntamientos han arrancado del titular de Hacienda el compromiso de que se les compensará con hasta 1.000 millones de euros (166.000 millones de pesetas) por la desaparición del impuesto de actividades económicas (IAE).
También Arenas está detrás de la subida salarial adicional que han logrado los funcionarios para el año próximo, cuyo sobrecoste se ha estimado en otros 129,62 millones de euros (21.566 millones de pesetas).
Los compromisos sobre ayuntamientos y funcionarios se comen la mitad del margen de desviación del gasto permitido para el año próximo, y ello antes de que se hayan aprobado los presupuestos en el Parlamento. Las enmiendas presupuestarias que se tramitarán en el Senado a partir de la semana próxima podrían introducir más tensiones.
Lo más importante es que la subida extra que tendrán las pensiones como consecuencia del desvío de la inflación en el 2002 se consolida en las prestaciones del año próximo y sobre esta nueva base se calculará la subida del 2% del 2003.
Cada décima de desviación sobre la inflación prevista le cuesta al Estado 110 millones de euros (18.302 millones de pesetas). Dos puntos de desviación pueden suponer, pues, 2.200 millones (366.050 millones de pesetas).
