El Gobierno argentino y las empresas de capital europeo que controlan los servicios públicos han comenzado formalmente las negociaciones que deberían conducir a nuevos acuerdos al finalizar el 2004. El objetivo es suscribir contratos "parciales" antes del próximo mayo y, en noviembre, alcanzar un entendimiento de largo alcance con otras normas regulatorias.

Las relaciones entre el Estado argentino y las "privatizadas", como se las conocen, entraron en una zona de turbulencia a partir de la devaluación de enero del 2002, cuando las tarifas, que estaban atadas al dólar, quedaron congeladas.

Hubo desde entonces presiones y pirotecnia verbal, de uno y otro lado. Semanas atrás, y tras la interrupción momentánea de sus servicios, fueron sancionadas Aguas Argentinas y Edesur (Endesa). Luego, se le retiró la concesión del Correo al poderoso grupo local Socma, del empresario Francisco Macri, por no cumplir el contrato. Algunos auguraron una ofensiva mayor contra el sector con más rentabilidad económica en los 90. Sin embargo, la tensión cedió su paso a la calma, al menos en la superficie.

COMPROMISO DE SILENCIO Las empresas y el Gobierno decidieron mantener silencio y, al menos, evitar la controversia mediática. Bajo esa promesa se iniciaron las conversaciones. Primero --a final de noviembre-- le tocó a las empresas distribuidoras y transportadoras de gas (donde Repsol tiene intereses).

A principios de diciembre se sentaron a la mesa los representantes del sector eléctrico. A principios del 2004 le tocará el turno a Telefónica, Telecom, Aguas Argentinas, aeropuertos y peajes. Aunque alrededor del presidente Néstor Kirchner no hay una sola opinión sobre el tema, el Gobierno hizo saber que existe una "guía para la renegociación", una suerte de compendio de reglas que las autoridades intentan poner en la balanza al reformular las concesiones.

En ese documento se descarta de manera enfática la intención de que las empresas vuelvan a la órbita del Estado. Se considera que el nuevo acuerdo debe incluir una "readecuación" del precio y la calidad de los servicios, y se habla del "sacrificio compartido" entre las partes. Dicho en otras palabras, se quiere que las empresas abandonen los multimillonarios juicios que iniciaron en tribunales internacionales por la ruptura de los contratos tras la devaluación. El Estado se comprometería a no sancionar a quienes incurrieron en incumplimientos. Para los analistas resultó cualquier cosa menos una casualidad que los primeros en sentarse a negociar hayan sido las gasísticas y las eléctricas. Se trata de los sectores a los que el ministro Roberto Lavagna se muestra proclive a autorizar un ajuste de precios aunque el titular de Planificación Federal, Julio De Vido, no se canse de desmentirlo.

PUERTA ABIERTA A SUBIDAS Por lo pronto, el "manual renegociador" deja abierta la puerta a eventuales incrementos. A pesar de la crisis económica sin precedentes de Argentina, los balances de la mayoría de las privatizadas son positivos.

Telefónica fue la primera en anunciar nuevas inversiones de 580 millones de euros (96.503 millones de pesetas). Cerca de Kirchner anhelan que otras empresas sigan ese camino. Dicen que ayudaría a recrear un "clima de confianza" y que semejante gesto no sería pasado por alto en el marco de las negociaciones.