La disputa entre el Gobierno argentino y las empresas de capital europeo que gestionan los servicios públicos --en su mayor parte, españolas-- subió de tono con la decisión de la Administración de sancionar con una multa de 450.000 euros (74,8 millones de pesetas) a Aguas Argentinas (participada por la francesa Suez y la española Aguas de Barcelona) por "impericia" e "imprevisión". También se ha abierto expediente a las proveedoras de energía eléctrica (entre ellas Endesa), a las que exige dos millones de euros.
El presidente argentino, Néstor Kirchner, habló de "extorsión" y acusó a las eléctricas de querer "cubrir con subidas de tarifas las inversiones que no hicieron". Fuentes del sector respondieron que hay funcionarios de la Administración peronista que dicen "tonterías". El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en tanto, consideró que "si la concesionaria no cumple, no puede cumplir o no sabe cumplir, lo que tiene que hacer es dar un paso al costado".
El enfrentamiento entre empresas y Administración es consecuencia de un corte de agua y varios apagones en Buenos Aires. Según Carlos Vilas, director del ente que supervisa el cumplimiento del contrato de Aguas Argentinas con el Estado, la empresa "se presenta como la vanguardia tecnológica, pero esa sapiencia en lo único que se traduce es en cortarnos el agua en cuanto tienen un problema". El canciller Rafael Bielsa dijo que "hay situaciones que no son aceptables: falta un repuesto de 15 dólares y la capital se queda sin agua".
Aguas Argentinas tiene 10 días para presentar su descargo. Al cierre de esta edición analizaba su respuesta a la sanción. Fuentes de la firma, citadas por el diario La Nación , señalaron que el corte "no obedeció a una falta de mantenimiento". De acuerdo con el diario Página 12 , el Gobierno dejó trascender que le retiraría la concesión. Algunos analistas recordaron, no obstante, que las autoridades ya amenazaron con la ruptura, pero nunca se pasó de las palabras a los hechos.
AUMENTO DE TARIFAS
Las concesionarias piden un incremento de las tarifas, congeladas con la devaluación del peso en el 2001. Alegan que en las actuales condiciones no pueden destinar fondos a nuevas inversiones. Defensa del Consumidor dijo que se busca aterrorizar a la población con apagones como el de Italia y Nueva York.
