En plena tormenta de noticias sobre alcaldes corruptos, y, por consiguiente, de inversores y empresarios corruptores, el presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Guillermo Chicote, anunció ayer en el salón inmobiliario Barcelona Meeting Point que esta patronal está preparando un decálogo de medidas contra este fenómeno para presentarlo ante el Ministerio de Vivienda y otras administraciones.

Chicote no avanzó las medidas concretas del decálogo, que se aprobará en una asamblea de la entidad el próximo 20 de noviembre, pero sí que explicó algunas de sus líneas básicas.

En primer lugar, los promotores consideran imprescindible que se limite el "poder de discrecionalidad" de los alcaldes para cambiar a su gusto la calificación de un suelo mediante convenios específicos al margen del planeamiento general. "Ha de quedar muy claro para todo el mundo qué terrenos pueden pasar de rústico a urbano, y el calendario para ello, para limitar las oportunidades de cambiar una cosa por la otra", dijo. En todo caso, añadió, se deberían actualizar al máximo los planeamientos municipales y establecer mecanismos mucho más ágiles para reducir los plazos de tramitación de un determinado terreno hasta que es apto para empezar a construir.

FINANCIACION LOCAL También pedirán un incremento del porcentaje de financiación local que procede directamente de los presupuestos del Estado, para que los municipios no dependan tanto como ahora de los ingresos fiscales procedentes de la construcción y las transacciones inmobiliarias. Los promotores creen que los altos precios de la vivienda son consecuencia del precio del suelo, tanto por su disponibilidad como por su precio. "Los ladrillos siempre valen igual", explicó Chicote, lo que cambia es el precio del suelo, por lo que es necesario subir la oferta para bajar los precios.