La Federación ASPA, patronal que agrupa a empresas de servicios de prevención laboral, denunció en marzo ante el Ministerio de Trabajo que Mutua Universal usaba cuotas que percibía del Estado por accidentes laborales para actividades relacionadas con la prevención de riesgos laborales para empresas privadas. La normativa no permite que una mutua realice actividades de prevención de riesgos laborales de forma directa. La Administración trata de evitar que una actividad privada --la prevención-- contamine otra pública --la asistencia sanitaria-- que se hace por delegación del Seguro.
Los responsables de ASPA, que cuenta con 270 empresas asociadas, entienden que el desvío de fondos públicos por parte de Mutua Universal constituye "competencia desleal" para el resto de sociedades que trabajan en el sector de la prevención de riesgos laborales. La federación decidió presentar una denuncia contra Mutua Universal al considerar que contaba con datos "más que suficientes" para probar que la entidad estaba utilizando recursos públicos para fines privados. La denuncia se acompañó de diversa documentación que presuntamente probaba las irregularidades denunciadas.
