El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de ordenación del comercio minorista, una reforma que busca simplificar trámites y facilitar la apertura de establecimientos. El texto, sin embargo, cede todo el protagonismo legislativo a las comunidades autónomas, que deberán cursar sus propias leyes más o menos proteccionistas teniendo en cuenta que serán las propias regiones las que deberán hacerse cargo de hipotéticas sanciones de Bruselas.
La ley española modifica la regulación comercial minorista para adaptarla a lo establecido por la directiva de servicios comunitaria. Pese a que el Ministerio de Economía de Pedro Solbes, antes del cambio de titular, quería una norma que fijara criterios generales que limitarían el poder de las comunidades autónomas, finalmente el Ministerio de Industria, con Miguel Sebastián al frente, ha redactado una ley que "respeta las competencias de las comunidades autónomas".
Finalmente, la norma española, que pasa ahora al Congreso de Diputados, elimina "la obligatoriedad de la licencia comercial", a pesar de que las autonomías podrán "establecer un régimen de autorización" siempre que se justifique "objetivamente". Asimismo, agiliza los trámites, suprime la definición de gran establecimiento y "traslada" posibles sanciones de Bruselas a las comunidades autónomas en el caso de que las normas autonómicas no cumplan con los principios de libertad de establecimiento.
DOS BANDOS La Confederación Española de Comercio (CEC) se mostró "muy satisfecha" por la norma. Para el secretario general de la organización, Miguel Angel Fraile, el marco legal resultante de la transposición contribuirá a la "cohesión económica, social y territorial favoreciendo un alto nivel de empleo y progreso social". También la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) la tildó de "positiva".
Sin embargo, tanto la OCU como la patronal de las grandes superficies (Anged) calificaron de "paso atrás" la nueva norma. "Es una oportunidad perdida para profundizar en la liberalización del mercado y lograr de esta manera un mayor nivel de competencia en precios y oferta para los consumidores", argumentó la OCU en un comunicado.
Ahora, las comunidades que lo deseen tienen hasta finales de año para ajustar sus leyes comerciales a la directiva europea.
