El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) denunció ayer que, pese a los mensajes políticos que lamentan el encarecimiento de la vivienda, los gobiernos autonómicos han contribuido a ello notablemente. Todas las comunidades --excepto Canarias, País Vasco y Navarra-- han subido ya del 6% al 7% el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) que grava la compra de segunda mano. Casi todas han subido del 0,5% al 1% el impuesto sobre actos jurídicos. Para una casa de 120.000 euros, estas subidas suponen 1.800 euros más.
