La Comisión Europea decidió que Izar, que agrupa a los antiguos astilleros públicos españoles, deberá devolver 1.100 millones de euros (183.025 millones de pesetas) de ayudas públicas ilegales, concedidas entre 1998 y el 2002.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) diseñó un plan de viabilidad, que prevé separar las actividades militares y civiles y la reducción de empleos. La SEPI propone buscar socios privados que inyecten capital.
Los sindicatos rechazaron estos planes y convocaron una huelga el próximo martes. Además presentaron un preaviso de huelga que deja abierta la puerta para nuevas movilizaciones.
