Borrón y cuenta nueva. El Gobierno socialista ha decidido aflorar todos los pasivos exigibles y cargas potenciales antes de elaborar sus primeros presupuestos, los del 2005. El Ejecutivo de José María Aznar legó un déficit adicional de 6.140 millones de euros (1,02 billones de pesetas), el 0,78% del producto interior bruto (PIB), imputable al presente ejercicio, según un informe que el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, presentó ayer al Gobierno. De mantenerse las previsiones de ingresos del anterior Ejecutivo, esta cifra elevará el déficit de la Administración central en el 2004 al 1,2% del PIB, frente al 0,4% previsto. El equipo de Solbes prevé un mayor crecimiento de la recaudación, lo que reducirá el impacto.

El mayor déficit, que incluye la deuda del Estado con Andalucía por el anterior sistema de financiación, podría subir con pasivos de sociedades y organismos públicos. Aquí se incluyen 2.600 o 2.800 millones más que pueden tacharse ya como déficit futuro, según el ministerio.

Estas cifras de pasivo corresponden a la deuda asociada a la compra de infraestructura ferroviaria (1.800 millones), que deberá atribuirse al Estado con la entrada en vigor de la ley del sector ferroviario el 31 de diciembre; y los otros 800 millones, a avales a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según las mismas fuentes del ministerio. Y habrá que añadir más de 200 millones en ayudas por el hundimiento del Prestige.

Los gastos inmediatos que se han incorporado a las cuentas del 2004 son una de las cuatro partes del informe. Otra corresponde a operaciones del pasado con riesgo de déficit y endeudamiento futuro.

IZAR Y AUTONOMIAS También se incluyen operaciones con potencial de riesgo, como las empresas con pérdidas estructurales (Izar), que reciben aportaciones de la SEPI. Además, integra operaciones susceptibles de déficit, pero difíciles de evaluar. Suman, como mínimo, 13.500 millones.

El GIF, que hasta el 2003 había recibido aportaciones por 6.360 millones, no se computa para el déficit, tal como establece la normativa europea. El Gobierno discute con el organismo estadístico de la UE, Eurostat, si estas sumas pueden considerarse inversión o transferencias de capital.

Solbes anunció que el Gobierno prepara un proyecto de ley de transparencia económica, que regulará el suministro de información de las diferentes administraciones.