El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, no lo tiene fácil. El precio de venta del Banco Zaragozano, propiedad en un 40% de los Albertos --los primos Alberto Cortina y Alberto Alcocer--, está pendiente de la decisión que tome esta institución sobre si suspende o no los derechos políticos que ambos financieros tienen sobre sus acciones.
Hace días que los equipos jurídicos del Banco de España están inmersos en un debate sobre los derechos de ese capital. El tiempo para adoptar una decisión acabará la semana próxima, cuando el fallo del Supremo que condena a prisión a los Albertos llegue al Banco de España.
El artículo 62 de la ley de disciplina e intervención bancaria establece que el ministro de Economía --a instancias del Banco de España-- puede retirar los derechos de un accionista. Para ello deben existir "razones fundadas respecto de que la influencia ejercida por las personas que posean una participación significativa en una entidad de crédito pueda resultar en detrimento de la gestión sana y prudente de la misma" o bien "peligro de que se dañe gravemente la situación financiera", dice la norma.
La duda para los letrados es si esta ley se interpreta con riesgo de futuro o con resultados de pasado. "Los Albertos llevan encausados años y, sin embargo, la gestión del Zaragozano ha sido impecable", razonaban ayer en medios de la autoridad monetaria.
Caruana lo tiene difícil. Si mantiene los derechos, siempre se esgrimirá una razón política detrás, al ser conocida la proximidad de los afectados al presidente del Gobierno, José María Aznar, y al vicepresidente económico, Rodrigo Rato.
La decisión final del Banco de España influye, además, directamente en el precio que Barclays Bank pagaría por tomar el control de la entidad zaragozana. Si Cortina y Alcocer no tienen que renunciar a sus derechos, intentarán vender más caro.
´LOS ALBERTOS´ Y LA PRISION
Por otra parte, la fiscalía de Madrid ha reclamado a la Audiencia Provincial el "inmediato" ingreso en prisión de Cortina y Alcocer por entender que su petición de indulto no debe paralizar la ejecución de la sentencia en la que fueron condenados a tres años y cuatro meses de prisión por estafa y falsedad al engañar a sus socios sobre el precio de venta de los terrenos de las Torres KIO.
