El gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, hizo ayer caso omiso de la negativa del presidente del Gobierno a considerar una reforma de la indemnización por despido. En una conferencia en Zaragoza, Fernández Ordóñez defendió la urgencia de una reforma de esta compensación en España con el objetivo, en apariencia paradójico, de mejorar la protección de los parados y de estimular el empleo.

En un discurso ante la Federación de Usuarios de las Cajas de Ahorros, el gobernador mostró mucho interés en desmarcarse de las propuestas de abaratamiento que en los últimos días ha reiterado la patronal CEOE. Los empresarios piden rebajar de 45 a 20 días por año trabajado la indemnización del despido improcedente en España. "A todos los que lo proponen, les digo no", dijo por dos veces Rodríguez Zapatero en un mitin el domingo pasado en Madrid.

El gobernador del Banco de España quiso demostrar que es posible --y a su juicio, imprescindible-- reformar la indemnización por despido sin que la receta pase, obligatoriamente, por abaratarlo. Para ello propuso tomar ideas de Dinamarca y Austria, dos países con tasas mínimas de desempleo (el 4,1% y el 3,8%).

MAS PARO EN ESPAÑA Según Fernández Ordóñez, las rigideces del modelo laboral explican que el paro esté creciendo en España más que en otros países con pinchazo inmobiliario, como Estados Unidos o Reino Unido. En su opinión, el modelo de indemnización por despido español desincentiva a los empresarios a contratar, sobre todo en momentos de incertidumbre económica, como el actual. Además, dijo, el sistema español frena que los trabajadores cambien de trabajo, aunque se les ofrezca un salario mayor.

En Dinamarca, prácticamente se ha suprimido la indemnización por despido. A cambio, se ha mejorado la prestación por desempleo y la formación de los parados. La prestación por desempleo alcanza los 2.580 euros al mes durante un máximo de cuatro años (dos en España).

En España, la prestación por desempleo se financia con cuotas de empresarios y trabajadores. Si la dotación es insuficiente, el Estado completa la cantidad, como sucedió en el 2008 y volverá a suceder en el 2009, año en el que se pueden superar los cuatro millones de parados.

En Austria --explicó el gobernador--, las empresas constituyen un fondo individual para cada uno de sus trabajadores, que se pone a su disposición en caso de perder el empleo en esa empresa, como una forma de complementar la prestación por desempleo que recibe del Estado. Así, cuando el trabajador encuentra empleo en otra empresa se lleva la parte no consumida del fondo, que vuelve a ser engrosada con las aportaciones de la nueva empresa. Al final de su vida laboral, el fondo disponible se convierte en una fuente adicional de recursos para complementar la jubilación.

En España, la indemnización por desempleo depende de la antigüedad del trabajador en la última empresa en la que estaba. Este modelo, según Fernández Ordóñez, lastra la movilidad laboral y, con ella, la mejora productiva. "Son los mismos trabajadores españoles los que finalmente no aceptan cambiar de trabajo porque, incluso aunque las empresas más productivas les ofrezcan condiciones salariales sustancialmente mejores, no les compensa el cambio ya que la indemnización por despido comenzaría desde cero en su nuevo puesto", explicó.

INTERVENCION DEL ESTADO Tras su discurso, en declaraciones a los periodistas recogidas por Efe, el gobernador aludió al sistema financiero español. Dijo que no descarta una intervención del Estado en alguna entidad española si fuera necesario, tal y como ha ocurrido en otros países, aunque insistió en que en España "hasta ahora no ha sido necesario rescatar a nadie". También se refirió a la "evidente" caída en la demanda de crédito al señalar que "si se compran menos coches se piden menos créditos", pero comprendió la actitud más cuidadosa de bancos y cajas a la hora de ofrecer financiación.