Emilio Botín, presidente del Grupo Santander, tuvo que bajar ayer al ruedo y pedir que la junta general de accionistas respaldase su gestión --y la del consejo-- en el asunto de las indemnizaciones al expresidente del SCH, José María Amusátegui, y al exconsejero delegado, Angel Corcóstegui, que sumaron 165 millones de euros (27.454 millones de pesetas). La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha ordenado abrir juicio oral y el presidente del primer banco español y de Latinoamérica, puede verse ante los tribunales el próximo otoño, acusado de presunta apropiación indebida y administración desleal.

Emilio Botín aseguró que al retribuir a Corcóstegui y a Amusátegui, el consejo "hizo lo que tenía que hacer, porque era en interés de todos los accionistas". Reconoció ante la junta general, en el Palacio de Exposiciones de Santander, que se trata de un asunto "importante" y que "puede razonablemente" preocupar al banco y sus accionistas.

RESPALDO Pero fue Manuel Soto, presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, quien se encargó de pedir a los accionistas el respaldo para el presidente, al recordarles que el consejo rechazaba que acuerdos adoptados por unanimidad "se atribuyan exclusivamente al presidente, como si se tratara de decisiones personales suyas y al margen de la gestión social", que corresponde "legal y estatutariamente" al consejo".

En su discurso, Botín explicó que había depositado un aval de 165 millones como fianza, obligado por la juez. El presidente del banco dijo a los accionistas que, "paradójicamente", el proceso en el que se ha visto envuelto "tiene su origen en las dos operaciones más importantes y exitosas del banco" desde su fundación: la compra de Banesto en 1994 y la fusión con el Central Hispano en 1999. "Sin ellas" --dijo-, "el Santander no sería lo que es, un banco que está entre los 15 primeros del mundo".

Recordó que el proceso en el que se ve inmerso se debe a la acusación de Rafael Pérez Escolar, uno de los administradores de Banesto, cesado cuando se compró el banco, que "estaba prácticamente en situación de quiebra". Recordó también que la fiscalía ha solicitado varias veces sobreseer el caso.

Botín, que no hizo alusión al otro proceso que tiene pendiente, el de las cesiones de crédito, insistió en que la aportación de Amusátegui y Corcóstegui al éxito de la fusión del BCH con el Santander "fue decisiva" y los accionistas deben "estar agradecidos a ambos". Según el presidente, los pagos fueron unas decisiones "impecables", desde el punto de vista jurídico y empresarial. La audiencia le ovacionó.

GUIÑO AL GOBIERNO Tras decir que la economía va bien encaminada, con un crecimiento cercano al 3%, remachó: "Aprovecho para felicitar al nuevo Gobierno. Su compromiso con la estabilidad fiscal y el equilibrio presupuestario han permitido mantener intacta la confianza interna y externa en nuestro país".

De las 16 intervenciones en la junta, la más polémica fue la del abogado Rafael Pérez Escolar, exadministrador de Banesto y procesado por su gestión. Pidió los ceses de Botín, y del consejero delegado, Alfredo Saénz, por sus procesos judiciales y la gestión. En la misma línea habló el abogado Juan Francisco Franco Otegui, quien llevó la causa de los pagos a Amusátegui y Corcóstegui, ante la Audiencia.

La junta de accionistas aprobó además el reparto de un dividendo de 0,30 euros por título con cargo al beneficio del 2003.