En un alegato a favor de los derechos de los internautas, la comisaria europea de la Sociedad de la Información, Viviane Reding, envió ayer un mensaje rotundo al Gobierno español: está prohibido cortar el acceso de internet sin que haya un procedimiento judicial previo, y cualquier intento en esta línea chocará con la normativa europea.
La advertencia de la comisaria --que se refiere a las medidas de algunos países, como Francia, en la lucha contra las descargas ilegales de internet-- causó cierto desconcierto y sorpresa, puesto que el Gobierno nunca se ha pronunciado públicamente a favor de una solución como esta.
"Las medidas españolas que podrían permitir el corte del acceso a internet sin un procedimiento justo e imparcial ante un juez entrarán en conflicto con la normativa europea", afirmó Reding, en el Encuentro Internacional de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). La comisaria invitó a las autoridades españolas a consultar a la Comisión Europea "antes de encaminarse en una dirección que llevará a un callejón sin salida". Según Reding, "la represión por sí sola no solucionará el problema de la piratería en internet". La persecución de las descargas ilegales en internet ha sido uno de los escollos más difíciles en las negociaciones del paquete legislativo de las telecomunicaciones en Europa, que se vota hoy en el Parlamento Europeo. La versión final permitirá a los países cortar el acceso a internet sin una orden judicial, pero introduce condiciones para salvaguardar los derechos de los ciudadanos.
En España, una comisión interministerial asesora al Gobierno en la lucha contra la vulneración de la propiedad intelectual en la red. Antes de fin de año, esta comisión elaborará un informe para que el Ejecutivo evalúe si modifica la ley. El presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, se mostró convencido de que no habrá conflicto entre la ley española y la comunitaria.
