El sistema de pensiones español ha jugado un papel importante a la hora de mantener la calidad de vida y luchar contra la pobreza entre las personas mayores. Y si los jubilados españoles han conseguido capear mejor la crisis que otros colectivos ha sido gracias a que “las pensiones han mantenido su poder adquisitivo”. Así lo refleja la Comisión Europea en un nuevo y extenso informe publicado este lunes, elaborado antes de que se reabriera el debate en España, que apunta a los riesgos a los que se enfrentan dos grupos en particular: las mujeres mayores y los trabajadores autónomos.
El documento, de dos volúmenes de más de 250 páginas cada uno que evalúan la situación global e individual en los Estados miembros, constata que las mujeres españolas están más expuestas en la vejez que los hombres al riesgo de pobreza y exclusión social por la brecha laboral, por el menor acceso a pensiones de jubilación y porque aquellas que la reciben cobran un 33% menos que los hombres (37% de media en la UE). Ello se debe a que durante su vida laboral han recibido salarios más bajos o porque han tenido carreras laborales más cortas para asumir el cuidado de hijos o familiares.
El segundo colectivo en desventaja es el de los trabajadores autónomos. A finales del 2016 había en España 1,97 millones de trabajadores autónomos, el 10,6% de la población con empleo por aquel entonces, y el 86% cotizaban la cuota mínima a la seguridad social, el 90% en el caso de los menores de 40 años y el 33,8% en el caso de los mayores de 55. El resultado es que las pensiones que reciben son de media un 41% más bajas que las que reciben el resto de trabajadores asalariados.
El sistema de pensiones español ya reconoce, por ejemplo, el complemento de maternidad a la hora de calcular -el porcentaje varía en función del número de hijos- las pensiones para reducir la brecha de género. La Comisión sugiere ahora la adopción de más medidas para garantizar el acceso de las mujeres a todos los niveles de educación, mejorar las iniciativas para reconciliar la vida laboral y familiar, incrementar las ofertas públicas de guarderías para el cuidado de niños de 0 a 3 años y remunerar las bajas para el cuidado de familiares. Para los autónomos, por su parte, recomienda iniciativas que ayuden a reducir el porcentaje de trabajadores que eligen la base de cotización mínima y un enfoque particular para los trabajadores atípicos.
Medidas de reequilibrio
En líneas generales, el análisis parte de la base de que las reformas introducidas por el Gobierno de Mariano Rajoy tendrán un impacto positivo en la sostenibilidad del sistema, aunque sugiere nuevas vías para paliar los desajustes. “En el contexto de los déficits a corto plazo del sistema de la seguridad social, el Gobierno debería pensar como reequilibrarlos a la vez que gestiona las preocupaciones sobre su sostenibilidad y adecuación”, señala el texto, en el que recomiendan “un incremento adicional en los ingresos y medidas para garantizar un gasto en pensiones efectivo y eficaz”.
Por ejemplo, el Ejecutivo comunitario considera necesario introducir medidas en el mercado laboral para garantizar carreras laborales más largas y completas, para reducir el número de trabajos atípicos involuntarios y mantener baja la tasa de desempleo. También defiende incentivos para aumentar la edad de jubilación y la duración de las carreras y sugiere para los grupos con ingresos más elevados el fortalecimiento de la planes de pensiones de empresa y privados.
El informe también defiende que la aplicación del factor de sostenibilidad, que vinculará la edad legal del jubilación con la esperanza de vida, es una buena forma de conciliar la sostenibilidad y la adecuación al envejecimiento de la población aunque alerta de que los cambios todavía “no están plenamente implementados”. Por ejemplo, el factor debía aplicarse en el 2019 pero el gobierno acaba de anunciar su retraso al 2023. Según Bruselas, en España los mayores de 65 tienen ingresos medios superiores a aquellos que tienen menos de 65 años y un porcentaje de riesgo de pobreza del 14,4%, inferior al de la UE (18,3%) y muy por debajo del que sufren los trabajadores españoles (30,4%).
