La Comisión Europea (CE) quiso ayer dar una imagen de imparcialidad, tras la implacable campaña de acoso contra la estrategia energética del Gobierno español de los últimos 12 meses. Por ello, al abrir el previsto expediente de infracción a España por obstaculizar la compra de Endesa por el grupo alemán E.ON, el Ejecutivo comunitario también amonestó al Gobierno italiano por intentar bloquear la compra de la concesionaria de autopistas Autostrade por el grupo español Abertis.

PRIMERA FASE La CE envió una carta de emplazamiento al Gobierno español, primera fase del procedimiento de infracción, por no haber anulado los requisitos impuestos a E.ON para poder comprar Endesa. La casi totalidad de esos requisitos, fijados por la Comisión Nacional de Energía, fueron declarados "ilegales" por el Ejecutivo comunitario el 26 de septiembre por ser "excesivos y desproporcionados", y por "vulnerar los principios de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento" que rigen en la UE.

La CE ha concedido un plazo de cinco días laborales al Gobierno para explicar por qué no ha acatado el dictamen y no ha anulado las exigencias impuestas a E.ON. El Ejecutivo comunitario, muy molesto por el desacato español, ha optado por utilizar un procedimiento de infracción ultrarrápido que podría culminar en la presentación de una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En el caso de Italia, la Comisión Europea reprochó ayer al Gobierno de ese país el haber invadido sus competencias exclusivas y haber vetado la compra de Autostrade por el grupo español Abertis con argumentos injustificados. La compra fue bloqueada por el Gobierno italiano en base a la ley que prohíbe que las constructoras tengan participación en las autopistas, ya que el grupo constructor español ACS es uno de los accionistas de Abertis y dispondría del 12,5% de la nueva empresa fusionada.

La Autoridad Nacional de las Autopistas (ANA) italianas también rechazó la compra porque perjudicaría el interés nacional, porque el cambio de propietarios podría reducir el nivel de inversión, la calidad y la seguridad de la red de autopistas. El informe preliminar concluye que las preocupaciones italianas por la fusión no tienen una base clara. Añade que "el interés público que podría ser perjudicado no está claramente especificado" y que, en todo caso, siempre se puede proteger adecuadamente con los existentes acuerdos de concesión de autopistas".

Italia tiene un plazo de 10 días laborales para presentar sus alegaciones. El consejero delegado de Abertis, Salvador Alemany, calificó ayer el dictamen de la Comisión de "contundente" y se mostró convencido de que la fusión llegará a "buen término".