La Comisión Europea lanzó ayer una nueva andanada energética contra el Gobierno español y abrió una investigación sobre las tarifas eléctricas reguladas del 2005 para las grandes industrias y las empresas medianas, al considerar que pueden haber sido ayudas de Estado camufladas. El Ejecutivo comunitario estima que el bajo nivel de las tarifas reguladas a esos grandes consumidores en el 2005 supuso la concesión de "elevadas ayudas al funcionamiento" a esas industrias, lo que representó una ventaja financiera frente a sus competidores europeos y falseó la competencia en el seno de la Unión Europea (UE).
La Comisión Europea sostiene además que las compañías eléctricas también se beneficiaron de ayudas públicas camufladas, ya que pueden haber obtenido una "sobrecompensación por parte del Estado" y pueden haber recibido beneficios "anormales" gracias a este mecanismo.
Déficit y recargoLas bajas tarifas eléctricas reguladas generaron en el 2005 un déficit global en el sector eléctrico estimado en 3.810 millones de euros. Este déficit se financiará con un recargo que pagarán todos los consumidores españoles en sus facturas eléctricas durante 14 años. La investigación se ha iniciado tras la presentación de una denuncia por parte de una empresa eléctrica europea.
La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, promotora de la investigación, criticó que, mientras "algunos sectores de la industria europea se encuentran en una situación difícil a causa de los elevados precios energéticos", las industrias españolas se hayan beneficiado de unas tarifas eléctricas muy bajas.
Kroes considera asimismo que el mecanismo pretende proteger a las compañías eléctricas españolas de la entrada en el mercado de competidores extranjeros o incitar a los recién llegados a abandonar sus actividades en España. Si la investigación concluye que las tarifas reguladas constituyen subvenciones ilegales, "las compañías eléctricas deberán devolver la compensación recibida del Gobierno", afirmó el portavoz de Kroes.
La investigación se suma al expediente abierto contra España y otros 15 países por el mantenimiento de los precios regulados en el sector eléctrico, contrarios a la legislación de liberalización del mercado energético.
El Ministerio de Industria rechazó ayer las acusaciones de la Comisión Europea y negó que hubiera otorgado una subvención a las empresas eléctricas. Fuentes del sector calificaron de "exageración" considerar ayudas de Estado el déficit del sector en el 2005 y expresaron su sorpresa por la importancia que da Kroes a este tema español.
