La Comisión Europea colocó ayer a Grecia bajo un sistema sin precedentes de estricta tutela presupuestaria para asegurarse que corrige el descontrol de sus finanzas públicas y para evitar que la crisis de la deuda contagie al resto de países de la zona euro. La deuda pública griega representaba a finales del 2009 el 112,6% de su producto interior bruto (PIB) y llegará este año al 124,9% del PIB.
El Ejecutivo comunitario aprobó el programa de austeridad presentado por Grecia para reducir su déficit público desde el 12,7% del PIB en el 2009 al 2,8% a finales del 2012. La Comisión Europea le exigió una serie de drásticas reformas económicas, que incluyen la reducción de los gastos salariales públicos y la reforma a fondo del sistema público de pensiones, como ya avanzó este diario el martes.
"El programa griego de estabilidad es ambicioso, pero realizable", declaró el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia.
Para asegurarse de que el Gobierno griego aplica a rajatabla las políticas de austeridad prometidas, Almunia exigió la presentación de "un calendario de las medidas a adoptar en las próximas semanas" y la entrega regular de informes detallados sobre la aplicación de ese plan. El primero deberá presentarse el 16 de marzo, el siguiente el 16 de mayo y después cada 3 meses.
"Es la primera vez que ponemos en funcionamiento un sistema de supervisión tan intenso y casi permanente, pero es necesario, dadas las circunstancias", aseguró el comisario español.
Almunia también indicó que Grecia deberá "precisar con más detalle las medidas que piensa aplicar en el 2011 y el 2012" para garantizar la reducción del déficit público, ya que la Comisión Europea teme que la recaudación real lograda con la subida de impuestos prevista por Grecia y los recortes anunciados de gasto sean insuficientes para rebajar con rapidez su déficit.
En la recomendación al Consejo de Ministros de la UE, la Comisión Europea propone exigir a Grecia reformar la Administración y la sanidad pública, simplificar la regulación del sector comercial, luchar contra la economía sumergida, supervisar más la banca, reducir el número de ayuntamientos y liberalizar el transporte y la energía.
El comisario económico también señaló que España comparte "problemas comunes" con Grecia y Portugal, los países más afectados por la desconfianza de los mercados, pero matizó que la situación española es diferente, porque su deuda, su necesidad de financiación y su déficit público son inferiores. Almunia citó como problema compartido "la permanente pérdida de competitividad desde que son miembros de la zona euro, en especial en la evolución de los costes laborales unitarios". Otros puntos comunes son los "elevados déficits públicos, que tienen componentes estructurales a los que hay que hacer frente".
