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ANÁLISIS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

Bruselas cuestiona parte del plan de ajuste del Gobierno

Expertos de la UE consideran que la suspensión del aplazamiento del IVA no supone una medida antidéficit adecuada

 

Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Economómicos de la UE. - EFE / OLIVIER HOSLET

EL PERIÓDICO
12/01/2017

Bruselas ha llamado la atención al Gobierno de España por una parte del plan de ajuste presentado. Los analistas del comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, han expresado serias dudas sobre los 1.500 millones de euros que, según el Ministerio de Hacienda, se recaudarán durante este año en concepto de aplazamientos de pago de impuestos a las empresas, según avanza 'El Mundo'. Desde el punto de vista de Bruselas, ese ingreso antidéficit es en realidad un apunte contable de efectos temporales pero no estructurales, objetivo final de las medidas de política económica para recortar el déficit. La Comisión Europea no valora si las decisiones de política económica de cualquier estado miembro inciden en el alza de impuestos o en la reducción de gastos, pero consideran que las decisiones que oxigenen el erario de manera temporal no pueden ser consideradas en la línea sugerida por Bruselas.

Hasta ahora, las empresas podían aplazar durante 18 meses los pagos que en concepto de IVA tenían que realizar a la Administración. Esta situación, tal y como han asegurado en más de una ocasión desde la Agencia Tributaria, es, junto a los procesos concursales y las suspensiones decretadas desde los juzgados, uno de los motivos por los que la deuda pendiente de pago está todavía sobre los 50.000 millones de euros. Hacienda tuvo que rectificar los planes iniciales por el perjuicio que esto podría suponer sobre muchas pymes, que tendrían, por ejemplo, que abonar el IVA sobre un servicio, producto o venta que todavía no les ha reportado ningún beneficio ya que el pago aún no se ha realizado.

La reforma del Gobierno pretende la eliminación de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de determinadas obligaciones tributarias. En la práctica, justificar que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas supone una carga extra para las empresas, especialmente para las pequeñas empresas que pasan problemas transitorios de liquidez.