La Comisión Europea afirmó ayer que "la mayoría" de las 19 condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la compañía eléctrica alemana E.ON para adquirir Endesa "violan" el Tratado de la Unión Europea y son incompatibles con el Derecho comunitario. El Gobierno tiene hasta el 4 de septiembre para alegar antes de que el Ejecutivo comunitario adopte el dictamen definitivo.
Las conclusiones preliminares de Bruselas destacan que las exigencias a E.ON vulneran los principios de libre circulación de capitales y de libertad de establecimiento, garantizados por los artículos 56 y 43, respectivamente, del Tratado de la UE.
El pasado 27 de julio, la CNE fijó 19 requisitos a E.ON para adquirir Endesa. La Comisión cuestiona especialmente la obligación de vender las centrales térmicas de Endesa que utilizan carbón nacional y los activos de Endesa en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y la central nuclear de Ascó I.
La mayoría de exigencias a E.ON "no están justificadas en base a la seguridad pública" y "no son ni necesarias ni proporcionadas para la protección de la seguridad pública", dice el informe preliminar. "La condición impuesta por la CNE parece, en realidad, motivada por consideraciones de política energética relacionadas con la necesidad de mantener las plantas nucleares bajo control español, debido a su importancia estratégica para el país", estima la UE.
VENTA DE ACTIVOS El Ejecutivo comunitario también califica de "excesiva" la exigencia de vender los activos eléctricos de Endesa en las islas Baleares y las Canarias, Ceuta y Melilla, que atribuye a "consideraciones estratégicas" de la política energética nacional. La misma crítica se formula al requisito de vender las centrales térmicas que utilizan carbón nacional y se cuestiona que el Gobierno intente garantizar que esas centrales no utilicen carbón de otros países.
