La Comisión Europea propuso ayer a los estados de la zona euro una ambiciosa reforma del pacto de estabilidad, que incluye la imposición de elevadas sanciones financieras a los países laxos en el control del déficit y la deuda pública y a los países que no acaten las instrucciones de sus socios europeos para corregir sus "desequilibrios económicos excesivos". España se opone a estas sanciones por desequilibrios económicos, porque considera que el Gobierno no tiene control directo sobre gran parte de la actividad económica.

Los cinco nuevos reglamentos y la nueva directiva propuestas suponen un sustancial reforzamiento de los poderes del Ejecutivo comunitario y un salto cualitativo hacia un sistema de gobierno económico europeo. Su principal objetivo es evitar la aparición de un nuevo caso griego y corregir a tiempo cualquier patinazo antes de que pueda convertirse en un problema grave para todos los países que comparten la divisa europea. Las propuestas siguen las exigencias de rigor formuladas por el Banco Central Europeo (BCE).

DEPOSITOS Y MULTAS Las sanciones financieras que se aplicarán a los estados que no reduzcan su déficit y su deuda pública excesiva a un ritmo adecuado tendrán en una primera fase forma de depósito equivalente al 0,2% del producto interior bruto (PIB) del país afectado, que se irá transformando paulatinamente en una multa pura y dura.

La reforma introduce el nuevo concepto de política presupuestaria prudente tendente a la eliminación del déficit público a medio plazo y a la reducción de la deuda pública por debajo del techo del 60% del PIB. Esta política fiscal prohibirá que el crecimiento anual del gasto público nacional sea superior a una estimación cauta de crecimiento económico a medio plazo.

Los países con una deuda superior al 60% serán sometidos a estrecha supervisión por parte de la Comisión Europea y del Consejo de la UE similar a la que se aplica cuando el déficit supera el 3% del PIB, explicó el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn.

Cuando un estado de la zona euro no respete de forma reiterada y grave esa política prudente será amonestado por la Comisión Europea y deberá efectuar un depósito preventivo equivalente al 0,2% del PIB, que generará intereses a su favor.

Si el déficit público de ese país supera el techo del 3% del PIB o no reduce su deuda a un ritmo satisfactorio, el depósito dejará de generar intereses. Ese depósito sin intereses también deberá efectuarlo cualquier estado que entre en situación de déficit excesivo, aunque no haya sido amonestado por la Comisión.

Si los gobiernos no aplican las recomendaciones del Ejecutivo comunitario y de sus socios para corregir el déficit y la deuda pública, el depósito se transformará en una multa de importe creciente y el estado perderá esos fondos. Los intereses y el importe de esas multas se distribuirán entre los países de la zona euro con cuentas saneadas.

La reforma amplía la supervisión europea al funcionamiento general de la economía de cada país de la zona euro con la creación del procedimiento por desequilibrios económicos excesivos. La Comisión propone establecer una serie de indicadores para detectar anticipadamente los desequilibrios internos y las pérdidas de competitividad de los países.

Cuando se detecte un desequilibrio problemático, el estado afectado será sometido a supervisión y deberá seguir las recomendaciones de sus socios para corregir esa situación. Si hace caso omiso, será sancionado con una multa equivalente al 0,1% del PIB. Para reforzar los procedimientos sancionadores, las recomendaciones de la Comisión se considerarán aprobadas a menos que exista una mayoría cualificada en el Consejo en contra.