La Comisión Europea propuso ayer a los Veintisiete dos normativas para regular los descontrolados mercados de productos financieros derivados y las operaciones ultraespeculativas de las ventas a corto con títulos prestados y con permutas de riesgo de crédito --credit default swaps (CDS), en la terminología financiera--. La propuesta coincide con el segundo aniversario de la quiebra del banco norteamericano Lehman Brothers y el desencadenamiento de un terremoto financiero del que el mundo aún no se ha recuperado.

La reforma, reclamada por Berlín y París, quiere introducir un poco de transparencia en las oscuras y cada vez más voluminosas operaciones que se realizan fuera del mercado de valores y cuyo volumen ascendía en el 2009 a la astronómica cifra de 615 billones de dólares (475 billones de euros). La reforma podría estar en vigor en el 2012, una vez haya sido aprobada por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo.

Estas masivas operaciones fuera del mercado --out of the counter (OTC)-- y las operaciones especulativas con ventas a corto multiplicaron la gravedad de la crisis financiera iniciada en el 2008.

"Ningún mercado financiero puede permitirse el lujo de seguir siendo como el salvaje Oeste", señaló el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier. "Los productos derivados negociados fuera del mercado tienen un enorme impacto sobre la economía real y su influencia abarca desde las hipotecas hasta el precio de los alimentos", añadió.

Un producto financiero derivado es un contrato entre dos partes vinculado a la situación futura de un tipo de interés, de la cotización de una moneda o a la posible quiebra de un deudor, entre otras posibilidades.

REVELAR DATOS La nueva norma exigirá que los datos básicos de esos contratos deban notificarse en la Unión Europea (UE) a unos registros centrales, a los que tendrán acceso los reguladores nacionales y europeos. Este mecanismo debería permitir detectar en una fase temprana una posible acumulación de riesgos.

Las ventas a corto son operaciones que generan enormes beneficios hundiendo la cotización de valores que no se poseen y que se han tomado prestados para comprarlos al final a un precio más barato. La propuesta es tímida y se basa en obligar a los especuladores a comunicar a los reguladores sus posiciones de venta a corto cuando superan el 0,2% del capital de la empresa y a hacerlas públicos en el mercado a partir del 0,5%.