La Comisión Europea rectificó ayer públicamente y anunció que revisará el proyecto de directiva sobre liberalización de la prestación de servicios en la Unión Europea (UE) para evitar que fomente el dúmping social y el recorte de los derechos laborales de los trabajadores de los países con mayor protección social.

El Ejecutivo comunitario, presidido por José Manuel Durao Barroso, que ayer recibió la visita del presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, ha necesitado 100 días para darse cuenta del insuperable problema político que planteaba el proyecto en su versión original de un liberalismo extremo, heredado de la anterior Comisión Europea.

PRESIONES POLITICAS La oposición al proyecto ha estado liderada por Francia, Alemania, Suecia y Bélgica, por los sindicatos y por un núcleo muy importante del Parlamento Europeo encabezado por el Grupo Socialista.

El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, anunció que la Comisión Europea revisará los puntos más controvertidos del proyecto después de que éste sea debatido y enmendado por la Eurocámara, pero insistió que la liberalización es indispensable para potenciar la capacidad de crecimiento y creación de empleo de la UE. McCreevy adelantó que "los servicios sanitarios y los servicios de interés general financiados públicamente quedarán excluidos" de la liberalización, y que la futura ley europea "no conducirá a ninguna rebaja de las normas sociales".

El comisario se comprometió a encontrar una solución aceptable sobre el controvertido principio del "país de origen", que los críticos al proyecto consideran que abre la puerta al dúmping social en el interior de la UE. Este principio, según el proyecto original, permite a una empresa de la UE ofrecer servicios en otro país comunitario rigiéndose por las normas de su país de origen.

VENTAJA PARA EL ESTE Francia, Alemania y los demás críticos al proyecto advirtieron de que este principio permitiría a las empresas de los países del Este ofrecer sus servicios en numerosos sectores en el resto de la UE con personal retribuido y con la protección social reducida de esos países. Esto, según los opuestos al texto, fomentaría una competencia desleal contra los trabajadores de los países donde se prestarían esos servicios y conduciría a un aumento del paro.

Algunos de los comisarios que ya estaban en la anterior Comisión Europea, como la vicepresidenta Margot Wallström, han comenzado a excusarse por su anterior respaldo al controvertido texto con el argumento de que hubo muy poco debate sobre el mismo y de que se aprobó precipitadamente. Otro vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Günter Verheugen, que en el anterior equipo no se opuso al proyecto, es ahora uno de los impulsores de su corrección.