Y ahora, ¿qué? Una vez la batalla política por el plan de rescate bancario ha terminado, ahora llega la parte más difícil de esta histórica intervención pública en los mercados financieros. El secretario del Tesoro, Henry Paulson, ha declarado que ya lleva tiempo trabajando en ello, y ayer el presidente estadounidense, George Bush, advirtió en su discurso de los sábados de que "llevará tiempo" empezar a ver los efectos del plan.
"Además de tratar las necesidades inmediatas de nuestro sistema financiero, este paquete también ayudará a estimular el crecimiento económico", dijo el presidente Bush, quien añadió que la aplicación del plan se llevará a cabo con "cautela" para proteger "los intereses de los contribuyentes". Paulson ha afirmado que su departamento está construyendo el sistema con el que se va a trabajar, y fuentes del Tesoro afirman que se tardará al menos un mes antes de que empiecen a comprarse los primeros valores tóxicos.
Qué, cómo y quién son las preguntas que hay en el aire. Qué son, qué valores, de qué instituciones financieras van a ser los elegidos para ser rescatados. Paulson ya ha indicado su intención de que los primeros serán títulos vinculados a hipotecas no muy altos, con la intención de desbloquear el mercado inmobiliario. Cómo afectará esto a los propietarios de casas con riesgo de desahucio cuyas hipotecas pasen a ser controladas por el Estado es una de las preguntas aún sin respuesta.
LOS LOBIS Además, como esto no deja de ser Washington, los lobis ya están revoloteando alrededor del Departamento del Tesoro presionando para que se decida a favor de sus apurados clientes. Esta decisión es clave, ya que elegir qué entidades van a ser los "ganadores y los perdedores" de la acción pública supone un gran poder sobre el comportamiento de los mercados financieros.
Una vez se decida qué valores deben ser comprados con dinero público, hay que encontrar una fórmula. Paulson ha dicho que su departamento trabaja con varios mecanismos, y que probablemente se probará más de uno hasta hallar el adecuado, puesto que no hay antecedentes que seguir. Una de las opciones que ayer sonaban con fuerza es una subasta a la inversa, en la que los ganadores de la puja serían las entidades dispuestas a vender por menos dinero sus valores.
Esta fórmula gusta entre los rectores políticos, ya que es una forma de asegurar ante la opinión pública que el dinero de los contribuyentes se utiliza de forma sensata. Sin embargo, disgusta a las entidades financieras, que pretenden que el Estado pague por la deuda tóxica el valor que está registrado en los libros de contabilidad, ni siquiera el bajo valor que hay ahora en el mercado. Si lo que se paga es lo que aparece en los libros, contribuiría a sanear estas entidades y a reforzar su posición en la bolsa ante los inversores.
Otra de las incógnitas es quién va a gestionar esta cartera de inversión de 700.000 millones de dólares. La intención de Paulson es contratar hasta 10 firmas privadas con experiencia en el sector inmobiliario, que se unirían al equipo de asesores externos --muchos de ellos procedentes de Goldman Sachs, donde trabajaba Paulson-- que ya están trabajando con la administración. A estas firmas se les pagaría por debajo del precio de mercado. Esta decisión ya ha hecho sonar alarmas en la prensa estadounidense, que se pregunta cómo se van a evitar conflictos de intereses entre lo que decide el Estado y los otros clientes de las compañías elegidas, que además les pagan más dinero por sus servicios que el Gobierno.
