Las cajas están a punto de vivir el cambio más trascendental de sus casi dos siglos de vida. A partir de la semana que viene, las entidades de ahorro podrán operar como un banco e incorporar inversores privados a su propiedad y gestión por vez primera. El presidente del Gobierno anunció ayer que tiene previsto aprobar el viernes la "reforma más importante de la historia" del sistema bancario español y que su entrada en vigor será inmediata.

Los cambios que desveló José Luis Rodríguez Zapatero están en línea con los que han pedido las propias cajas, con la posición del Banco de España y con los planteamientos del PP, con quién se comprometió a pactar la reforma. Fuentes del Gobierno defendieron que no se trata de un paso hacia su privatización, sino hacia la "bancarización".

El objetivo es solventar las dos debilidades del sector que la crisis ha puesto en evidencia y que las malas perspectivas económicas convierten en un grave problema. Por un lado, reducir el peso político en su seno, que tanto perjudica a su imagen en los mercados. Pero también, y más urgente, arreglar la caída de su solvencia y sus problemas para captar capital de calidad.

POR DECRETO El Gobierno ha decidido aprobar la reforma por decreto, de manera que entrará en vigor la semana que viene, una vez aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque luego se podrán introducir cambios en el Parlamento.

El líder del PP, Mariano Rajoy, refrendó ayer su apoyo a los cambios. Pero está por ver qué harán el resto de grupos parlamentarios. Y las comunidades autónomas, que van a perder su representación en las cajas, no así los ayuntamientos. "No se puede ser supervisor y parte", alegó el Gobierno. Las cajas son instituciones privadas pero no tienen acciones, al contrario que los bancos. En los tiempos de bonanza, han podido sortear esta diferencia con otro tipo de emisiones. Pero esta salida se les ha cerrado por las duras condiciones de los mercados financieros.

Ante esta situación, el Gobierno ha decidido modificar el régimen de las cuotas participativas (especie de acciones, que hasta ahora solo daban derechos económicos y que solo la alicantina CAM ha emitido).

Estos títulos van a tener a partir de ahora derechos políticos. Es decir, que sus propietarios estarán representados en los órganos de gobierno de forma proporcional a su participación. Para que puedan ser contabilizadas como capital de máxima calidad, el Ejecutivo va a eliminar el tope de que cada inversor pueda tener un máximo del 5% del total. Con todo, se va a mantener el volumen de cuotas que se podrán emitir en un máximo del 50% del valor de la caja. No más alto para evitar su "desnaturalización", explicó Rodríguez Zapatero. Eso sí, el Gobierno va a dar libertad a las cajas para que retribuyan las cuotas como crean oportuno para hacerlas atractivas. Pero las cuotas no serán la única vía. Además de quedarse como hasta ahora, podrán incorporarse a una fusión fría o Sistema Institucional de Protección (SIP), cuya entidad central sea una sociedad anónima. El Gobierno no ha transigido ante la petición de la patronal del sector, la CECA, de que los SIP pudieran organizarse a través de una agrupación de cajas.

MAS PROFESIONALES Las entidades también podrán ejercer su actividad indirectamente, a través de un banco de su propiedad al que transferirán su negocio financiero. Deberán, entonces, decidir entre mantenerse como una caja o convertirse en una fundación, "renunciando a su condición de caja", explicó Rodríguez Zapatero tras reunirse con los dirigentes de la CECA, con Isidre Fainé, presidente de La Caixa, a la cabeza.