Una empresa insolvente está muerta. Salvo si es una entidad de crédito, en cuyo caso la Administración se hace cargo de ella por su papel en la financiación de la economía y para evitar que sus clientes entren en pánico y lo contagien a los del resto del sector. Eso es lo que ha pasado con la cordobesa Cajasur, intervenida en la madrugada del viernes al sábado por el Banco de España. La caja cerró el año pasado con unos recursos propios de 444 millones de euros, 523 millones inferiores a los que la normativa de solvencia le exigía.

Esa es la cantidad mínima que le tendrá que inyectar el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se ha hecho cargo de la entidad por instrucción del supervisor. Pero necesitará más dinero para poder operar con normalidad. De entrada, porque su situación se ha deteriorado con mayor rapidez aún en los meses transcurridos del 2010, con lo que el desfase patrimonial ha crecido. Pero, además, porque necesita liquidez para afrontar su actividad.

Los responsables de esta gestión serán los tres administradores provisionales que el FROB nombró ayer y que podrán nombrar su equipo de dirección. Se trata de José Antonio Iturriaga (inspector del Banco de España en los 80 y exdirectivo del Banco Zaragozano), Tomás González Peña (exdirectivo del Santander) y Francisco Orenes (exdirectivo del Banco de Murcia).

REESTRUCTURACION Los nuevos administradores tienen un plazo de un mes, ampliable a seis, para elaborar un informe sobre la situación patrimonial y la viabilidad de Cajasur, y para someter a la aprobación del Banco de España un plan de reestructuración. Los sindicatos reclamaron ayer que se retome la fusión con Unicaja, cuyo fracaso desencadenó la intervención.

Pero fuentes del organismo lo descartaron. Primero, porque aunque la operación "ya estaba hecha", ahora no parece la "mejor opción". Sobre todo, porque la normativa del FROB obliga a que la solución se alcance "mediante procedimientos que aseguren la competencia, como entre otros, el sistema de subasta". Los administradores pueden proponer su fusión o el traspaso total o parcial del negocio de la caja. Mientras se materializa la operación, pueden ceder total o parcialmente los depósitos y valores depositados a otra entidad.

En el mercado se teme que el proceso se demore y cree desconfianza en el sistema financiero. Pero, como destacó ayer el supervisor, la diferencia con la intervención de Caja Castilla La Mancha (CCM) es que el Banco de España tiene todo el poder y no debe consultar con la comunidad autónoma sobre qué hacer.

La cordobesa Cajasur presentaba al cierre del año pasado unos números peores que los de la CCM en el momento de su intervención. La entidad perdió algo menos en el 2009 (596 millones), pero su tasa de solvencia --relación entre sus recursos y sus activos en riesgo de impago-- fue del 3,67%, lejos del 8% exigido.

PESIMA GESTION La caja ha sido un ejemplo de pésima gestión. La auditora de sus cuentas, Deloitte, advirtió en su último informe de que la caja era insolvente y que necesitaba la fusión para afrontar sus obligaciones con sus clientes y acreedores. Y destacó que había asumido una concentración de riesgo superior al fijado por el Banco de España con dos clientes.

La morosidad ha sido superior a la del sector desde antes de la crisis, y el año pasado llegó al 8,29% (1.500 millones de activos en impago, el 31% más), frente al 4,9% del sistema. La mala política de concesión de créditos hizo que tuviera que destinar 788 millones a afrontar los impagos. Además, afronta un pasivo de 17.451 millones, de los que 13.027 millones son depósitos de empresas y particulares.