Visiblemente nervioso, sudoroso y con pérdidas de voz, el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, decidió conectar el ventilador y desparramar responsabilidades de la presunta estafa de la entidad hacia la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y hacia sus más íntimos colaboradores, en especial, los acusados José María Ruiz de la Serna y Francisco Javier Sierra.
Tras escuchar ayer las declaraciones de Camacho en la Audiencia Nacional parece que el juicio de Gescartera se va a mover en los próximos cuatro meses bajo dos parámetros: el sálvese quien pueda y el que cada palo aguante su vela . Camacho mantuvo ayer una sencilla línea de defensa frente a la acusación de estafar 50,1 millones de euros: él no sabía nada y, si acaso, otros estaban al frente.
Comenzó sus revelaciones asegurando que la CNMV conocía la situación de Gescartera y sus dificultades financieras desde 1992, cuando era Bolsa Consulting. La jueza admitió la petición de su defensa para que declaren como testigos el entonces presidente de la CNMV, Jesús Fernández Armesto, y el exdirector de supervisión de la institución, Ramiro Martínez Pardo.
La jueza rechazó imputar como acusados a la sucesora de Armesto, Pilar Valiente, al expresidente de la CNMV y exdiputado del PP, Luis Ramallo, y al exsecretario de Estado de Hacienda en el anterior Gobierno, Enrique Giménez Reyna, como pedía la organización de usuarios de banca Adicae.
Camacho sostuvo que Gescartera generó minusvalías y que tuvo que acudir a lo que el denominó "prestamistas" y "usureros", reflejados en la contabilidad de Gescartera como clientes de renta fija .
