El Gobierno aprobó ayer un cambio en la ley de créditos al consumo para evitar que sucedan nuevos casos Opening . Según explicó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el cambio legal permitirá que, por ejemplo, cuando una academia de enseñanza deje de prestar un servicio, el alumno deje de pagar el crédito vinculado al desarrollo de ese curso.
Esta reforma legal ha sido incorporada al anteproyecto de ley de acompañamiento a los Presupuestos que ayer aprobó el Consejo de Ministros. El subdirector general de Consumo del Ministerio de Sanidad, Oscar López, explicó ayer que la principal novedad reside en que "se flexibiliza el requisito de exclusividad". Para poder dejar de pagar el crédito, bastará con que haya un acuerdo entre la academia --en este caso-- y cualquier entidad financiera, sin necesidad de pacto en exclusividad. El segundo cambio legal consiste en extender la ley de créditos al consumo a los créditos gratuitos, en los que no se pagan intereses.
SIN EFECTO RETROACTIVO
Según el subdirector general de Consumo, estos cambios no afectarán a los alumnos de Opening, pues no tendrán efecto retroactivo. No obstante, confió en que los tribunales tengan en cuenta la aclaración de criterios que aportará la nueva ley para resolver los procedimientos judiciales abiertos. La academia de idiomas cerró en julio del 2002 y dejó en la calle a 45.000 alumnos, muchos de los cuales estaban pagando a través de un crédito sin saberlo.
La secretaria socialista de Consumidores y Usuarios, Isabel Pozuelo, calificó de "auténtico y clarísimo engaño" el cambio aprobado. En su opinión no se resuelve el problema de la exclusividad. El PSOE pide prohibir el perfeccionamiento de un contrato de crédito fuera del establecimiento comercial (por teléfono, a domicilio, etcétera).
La adenda al proyecto de ley de acompañamiento incorpora otros cambios legales. Todas las ayudas públicas por nacimiento, adopción, hijos y maternidad quedarán exentas en el IRPF. Además, la entrega a los empleados de las cajas de ahorros de las nuevas cuotas participativas (especie de acciones sin voto) tendrá un trato fiscal similar a la entrega de acciones o de opciones sobre acciones y no se considerarán retribución en especie hasta un máximo de 12.000 euros anuales. En el impuesto de sociedades, se incrementan las deducciones por investigación y desarrollo.
También se modifica la ley sobre infracciones y sanciones de orden social de modo que el incumplimiento del límite legal o pactado sobre horas extraordinarias (el tope legal es de 80 horas al año) pasa a ser falta muy grave (con multas de hasta 90.151 euros (15 millones de pesetas).
Burlar los límites sobre jornada, trabajo nocturno, descansos y vacaciones será falta grave (multa de hasta 3.005 euros, 500.000 pesetas). Las grandes empresas quedan obligadas además a facilitar sus cuentas a la inspección de Trabajo en soporte informático para evitar así la táctica de entregar de abultada documentación en papel.
