La resolución acusa a Telefónica de montar una campaña de desinformación sobre las consecuencias de cambiarse de operadora. La "estrategia" pasaba por generar "confusión" a través de anuncios televisivos y "mailings" a las empresas que habían desertado. Se les daba a entender que la calidad o seguridad de las comunicaciones podían resentirse.
También se les insinuaba que sus averías tardarían más tiempo en ser reparadas y que podían dejar de prestarles los servicios complementarios, como la identificación de llamadas.
