El Gobierno central espera que España disponga en los próximos seis años de una cantidad superior a los 7.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos destinados a programas de desarrollo rural. Estas son las cifras que maneja en estos momentos el ministro de Agricultura tras las primeras negociaciones que se han desarrollado en Bruselas y Luxemburgo. La Unión Europea (UE) va a reducir en el periodo 2007-2013 la cantidad destinada a España, lo que ha provocado que el Ejecutivo estudie la inclusión de aportaciones extraordinarias para paliar esta disminución presupuestaria ante el sector agrario.

Ya ha habido varias reuniones en las que se manejan ya algunos datos: unos 1.000 millones salidos de los presupuestos del Estado que compensen la reducción de los fondos europeos, que podrá rondar, en el caso de España, el 23% respecto al periodo 2000-2006. Estas cifras han desencadenado una intensa pugna entre las comunidades autónomas para conseguir un reparto ajustado de los fondos europeos.

Las comunidades más perjudicadas por esta nueva asignación son Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja y Baleares. De hecho, solo cuatro --Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia-- forman parte del Objetivo de Convergencia, por lo que se deben llevar el 66% de la cantidad que se asigne a España.

Conscientes de esta merma de fondos europeos, la intención del Ministerio de Agricultura, a través de su secretario general de Agricultura, Josep Puxeu, es que España obtenga entre 7.000 y 8.000 millones de los casi 70.000 que manejará la UE para los 25 estados miembros, además de Bulgaria y Rumanía. A esta cifra, habrá que sumar una aportación extraordinaria procedente de Bruselas que será de aproximadamente 500 millones de euros.

No obstante, todas estas cifras están pendientes de aprobación por parte de los jefes de Estado y de Gobierno. Aunque en el ministerio se es consciente de que el dinero ingresado será insuficiente, las previsiones no son todo lo pesimistas que cabía esperar en un principio.

COMPENSACION Para contrarrestar las pérdidas, el Gobierno diseña un plan dotado de financiación para acompañar a la ley de desarrollo rural que compense el descenso de ingresos comunitarios. El plan tendría una dotación de fondos públicos de otros 1.000 millones de euros a repartir entre las autonomías.

La negociación será dura. Tanto que resultará difícil que los programas de desarrollo rural entren en vigor en el 2007, un año que se considera "de transición" por los ministros del ramo. El Programa de Desarrollo Rural tiene como objetivo lograr un sector agroalimentario fuerte y dinámico, proteger los recursos naturales y mejorar la calidad de vida del medio rural.