El objetivo de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT de parar los centros de trabajo el día de la huelga general del 29 de septiembre se ha plasmado en la propuesta de servicios mínimos para los transportes públicos estatales que ayer entregaron al Ministerio de Fomento.

La propuesta se ha planteado de manera global en todo el Estado con el fin de evitar duplicidades en los servicios de transporte al tiempo que se garanticen tanto el derecho a la huelga como la movilidad.

Los sindicatos pidieron la supresión de los vuelos internacionales, dejar un solo trayecto de ida y vuelta entre los principales aeropuertos y que estén a una distancia de más de 500 kilómetros, un solo tren de cercanías cada media hora en horas punta (el 25% del servicio ordinario) y también del metro, además de la paralización de los trenes de largo recorrido. Este último aspecto afecta sobre todo al AVE, que es la joya de la corona del Ministerio de Fomento. Esta tarde representantes sindicales y del departamento que dirige José Blanco se reúnen para negociar el plan que se pondrá en marcha en todo el Estado y que es bastante similar a la orden ministerial que aprobó, en la huelga del 20 de junio del 2002 el entonces ministro Francisco Alvarez-Cascos.

En Madrid los sindicatos esperan que no se repita, en la reunión que mantendrán hoy en la Consejería de Presidencia, por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre la implantación de unos mínimos "abusivos" como en la huelga contra la congelación salarial del pasado mes de julio.

ATENCION AL CIUDADANO El Ejecutivo tiene "voluntad de acordar", según dijo ayer la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, que coincidió con el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en que el derecho a la huelga no puede impedir la atención de los servicios públicos a los ciudadanos. Corbacho insistió en que la huelga del día 29 no cambiará la reforma laboral. Ignacio Fernández Toxo, de CCOO, recordó que todas las huelgas han tenido sus efectos y que la reforma es "reversible".

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ayer consideró que los liberados sindicales contra los que cargó la presidenta madrileña "no son ningún problema", pidió al Gobierno que garantice el derecho al trabajo.