Los empresarios estarían dispuestos a invertir el 93% de los 23.350 millones (3,88 billones de pesetas) que calculan que es necesario gastar entre el 2005 y el 2012 para mejorar las infraestructuras españolas. La propuesta de la CEOE busca mantener la actividad de las constructoras una vez que la UE suprima en el 2006 los fondos de cohesión y reduzca los de desarrollo regional que recibe España. Varias entidades financieras han llamado a la CEOE interesadas en el proyecto.
El 25% de las inversiones del Ministerio de Fomento se realizan con ayudas comunitarias. Un 13% procedente de los fondos de cohesión desaparecerá y del restante 12% tan sólo quedará un 9%. España perderá, en total, 3.500 millones de euros anuales.
Están en juego 100.000 puestos de trabajo y la supervivencia de muchas empresas, según el informe que la CEOE ha entregado al Gobierno, que manifestó la necesidad de desarrollar el proyecto en los próximos meses.
